Depurar es purificar o limpiar. En la vida pública consiste en someter a un funcionario a una investigación para sancionar su conducta política.

La depuración legislativa, entonces, no es ninguna novedad. Existe como un recurso para limpiar de un órgano público los elementos indeseables que aportan cierto desprestigio o que estorban de alguna manera.

Con la caída de Abdalá Bucaram, del 6 de febrero de 1997, 14 legisladores fueron ligados al caso Peñaranda y vinculados penalmente en la red corrupción. Tres de estos se salvaron y los demás fueron destituidos por sus compañeros. El Congreso Nacional de la época estaba compuesto por 82 curules y la ausencia de 11 titulares reestructuró las mayorías y minorías. Fabián Alarcón, el presidente interino, necesitaba una nueva correlación de fuerzas para administrar el poder.

Durante el último tramo de la Asamblea Constituyente de 1997, 3 diputados socialcristianos fueron acusados de intentar perpetrar un golpe de Estado. Los legisladores no fueron destituidos, fueron protegidos por la nueva mayoría socialdemócrata que desplazó de la presidencia del órgano al democratacristiano Osvaldo Hurtado y que elevó al segundo vicepresidente del órgano, el alfarista Luis Mejía Montesdeoca a la presidencia. Primero gobernaban los socialcristianos, los demopopulares y los alfaristas, pero después gobernaron los socialdemócratas, roldosistas, socialistas, emepedistas y alfaristas.

En 2007, después de posibilitar la instalación de la Asamblea Constituyente del mismo año, una nueva institucionalidad de control político electoral destituyó a 57 diputados. La nueva mayoría legislativa estaba compuesta por los partidos de Rafael Correa, Lucio Gutiérrez y Álvaro Noboa.
El martes 13, en esta semana, y como un mal presagio, fueron destituidas dos asambleístas correístas comprometidas con actos de corrupción. Esto podría ser un llamado a la disciplina o el inicio de nuevas destituciones, todo por los nuevos equilibrios del poder. (O)