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La comisión de un delito colectivo, como el de la falsificación de firmas y suplantación de personas, de escandalosas y peligrosas proyecciones vinculadas al proceso electoral que se avecina, se convierte en una insoluble crisis, que afecta a toda la colectividad ecuatoriana.
Hace recordar la célebre obra del dramaturgo español Lope de Vega que escribió “Fuenteovejuna” y cuando se pregunta “¿quién mató al Comendador?” el coro responde, todos a una: “Fuenteovejuna, señor” (o sea que toda la comunidad).
Aquí nadie puede ganar, todos vamos a perder, con independencia de que nuestras firmas hayan sido falsificadas, que nos hayan suplantado la identidad, que nos hayan endosado a una filiación partidista indeseada.
Lo peor es la destrucción de la confianza en un sistema que debe ser democrático, que inicia su funcionamiento con el proceso de calificación de partidos y movimientos, para pasar a la elección de las máximas autoridades de la patria.
La única expectativa válida es que se valoricen firma por firma, a sabiendas de que es una tarea ardua y tremendamente difícil de cumplir, pero no queda otra alternativa que verificar el 100% todas hasta que lleguen al número de adherentes señalado por la constitución y la ley.
Es evidente y repudiable la conducta de los que pretenden pescar a río revuelto, que se opondrán a todo y con todo, porque su objetivo es destruir la fe pública y la confianza en las instituciones del Estado.
Esa gente con afán destructivo no aceptará nada que conduzca a la racional solución de un conflicto ocurrido por los niveles de corrupción generalizada que agobia a las sociedades contemporáneas, como sucede en México, Brasil e Italia con los escándalos recientes que se han hecho públicos ante el estupor de la gente llana y sencilla que no admite la concurrencia del delito como parte de la convivencia humana.
Por ser un delito colectivo, escandaliza la autoría y complicidad de tantos actores y beneficiarios de la manipulación corrupta para tratar de alcanzar una cuota del poder político.
No alcanzarían las cárceles del país si se tuviera que castigar con esa pena a los delincuentes que han atrofiado la fe pública.
Tampoco se puede dejar en la impunidad los delitos que se acumulan para lograr una fraudulenta calificación de partido o movimiento.
Solo la limpieza en el procedimiento de calificación del 100% de las firmas, hasta que cada uno llegue al cupo requerido, puede devolver la confianza a la colectividad y lavar el desprestigio al que ha llegado el país, afectado por una corruptela generalizada.