En el artículo anterior pregunté: ¿cuál es la posición de Conaie y PK ante la ‘convergencia democrática’ de una parte de la oposición? Y señalé que en las organizaciones indígenas había división. En efecto, en la reunión de la oposición y dichas organizaciones se confirmó el resquebrajamiento interno. Por un lado, la Conaie y Ecuarunari, con el apoyo de Unidad Popular (ex-MPD), manifestaron su oposición a un acuerdo político con la derecha mientras que ciertos dirigentes de PK y el prefecto de Morona Santiago insistían buscan un acercamiento a dicha tendencia. Pero era como tratar de mezclar, desde el punto de vista ideológico, agua con aceite. Está por verse a quiénes escogen como aliados estratégicos estas organizaciones.
Como señalé en el artículo anterior, no solo en las organizaciones indígenas hay división, sino también en la derecha. Así, afloraron las divergencias entre MdG y CREO y sus aliados. Entre estos, en Compromiso Ecuador, ya también se evidencian desacuerdos a tal punto que Concertación quiere separarse de este colectivo. El PSP y Avanza han depuesto su candidatura presidencial, dado su escaso potencial electoral, en pos de la unidad. La división en la derecha muestra cómo los intereses particulares y estrategias de cada partido se imponen sobre la unidad, al menos hasta la primera vuelta electoral.
Pero también aparecen desacuerdos en PAIS. La renuncia de dos de sus asambleístas y desafiliación de algunos de sus miembros en Cotopaxi muestran los problemas internos de procesar diferencias, de nombramientos de autoridades públicas y la autoridad vertical. En sí, se trata de problemas de su estructura y gestión política.
¿Pero qué es lo que está en juego? Se trata de captar el poder político nacional. El primer paso es alcanzar mayoría en la Asamblea Nacional, para ello se armó la convergencia democrática de la oposición. Pero además, busca captar la Presidencia de la República. La convergencia (derecha) eliminaría el modelo de la Revolución Ciudadana (RC). Ello implica echar abajo la reforma institucional (Códigos y leyes de la RC), el modelo económico y la política pública social y ambiental de la RC.
En lo primero, se plantea derogar las normas aprobadas por AP, incluidas las enmiendas constitucionales, división de las funciones del Estado, Ley de Comunicación, Código Financiero, etc.; respecto al segundo, se buscaría adoptar una economía de mercado, apuntalar la dolarización, una reforma estructural para reducir el tamaño del Estado, etc. En cuanto a la política pública, la visión ortodoxa es que el crecimiento, por efecto derrame, posibilitará una mejor distribución del ingreso. En lo ambiental, se buscaría una ley apegada a intereses corporativos.
Al parecer, habría tres tendencias en las elecciones de 2017. La derecha dividida, el progresismo (AP) y las organizaciones indígenas e izquierda, cada una con diferentes proyectos, agendas de país y distintas estrategias e intereses para enfrentar la situación económica. Tocaría elegir la más conveniente para el país y las mayorías. (O)
