No se trata de coartar el derecho a manifestarse contra las decisiones del gobierno de turno, se trata de proteger el Centro Histórico de Quito. Razón principal de tener el honor y orgullo de quiteños y ecuatorianos en general, de ser la primera ciudad en el mundo declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Toda manifestación en los últimos años se ha tornado violenta, con responsabilidad de los dirigentes convocantes o “infiltrados”. Lo cierto es que siempre destruyen parte de la ciudad, ya sean los jardines de la Plaza de la Independencia, monumentos, paredes de propiedad pública o privada y, además, produciendo pérdidas para los comerciantes vecinos y al turismo que se debilita ya que el principal atractivo de Quito es, sin lugar a dudas, su casco colonial.
Son la Intendencia de Policía y el Municipio las instituciones llamadas a autorizar las marchas en Quito. Sin embargo, conocemos que las organizaciones sociales o políticas que convocan a las protestas hacen caso omiso a esta condición.
Es hora que las autoridades municipales hagan respetar el patrimonio de los quiteños y de todos los ecuatorianos, no es admisible que cada vez que a un grupo siempre respetable de la nación, se le ocurre marchar o protestar, destruyan la ciudad, impidan la libre actividad de los ciudadanos y quienes paguemos seamos siempre quienes tributamos en Quito. Sobre los daños causados en la última marcha, algún servidor público comentó: “solo fueron cinco mil dólares lo que le tocó reponer a la Municipalidad”. Primero, los dineros públicos deben ser invertidos bien. No gastados al antojo de ningún burócrata o dirigente político, la gran razón debería ser respetar y hacer respetar el orden en la capital de todos los ecuatorianos.
Existen propuestas desde la comunidad que buscan que los “protestantes” cumplan con disciplina y orden con la sociedad y que las autoridades competentes preestablezcan las vías y espacios públicos para que los manifestantes ejerzan su “derecho” a la protesta si ese es su sentir. Pero cumpliendo las leyes, caso contrario, estarían, desde la autoridad pública, irrespetando la ley que les cobija como responsables de los hechos por acción o por omisión, en ambos casos, penados por la Constitución y las leyes.
También respeten los derechos de los quiteños de nacimiento y de corazón.
