Fines de mayo de 1831. Antonio José de Sucre viaja desde Bogotá a Quito con el propósito de reunirse con su familia. En su trayecto, ha recibido varias advertencias de parte de amigos acerca del peligro que representa para su vida el pasar por Pasto, no obstante, el curtido mariscal decide continuar con la ruta trazada.
4 de junio de 1831. Luego de salir de la posada de La Venta, Sucre sospecha de un posible altercado y pide a sus acompañantes permanecer atentos, sin embargo, nada pasa. Penetra entonces a la selva de Berruecos, donde, desde la espesa vegetación y luego de un grito, recibe tres disparos que lo arrojan del caballo y que le quitan la vida de inmediato. Sus acompañantes, confundidos, huyen precipitadamente, abandonando el cadáver del mariscal hasta el día siguiente.
Lo sucedido en Berruecos, despierta hasta el día de hoy muchas incógnitas que los historiadores han tratado de responder. Así, hay quienes relacionan a José Hilario López, José María Obando o Juan José Flores, indistintamente, con el asesinato de Sucre. No obstante, si bien se puede conjeturar desde la historia respecto de la participación de aquellos en el suceso, la realidad judicial fue muy distinta, pues, luego de largo proceso que salpicó a más de uno, ninguno fue condenado por el delito. Al contrario, e irónicamente, los tres personajes terminaron desempeñándose como primeros mandatarios en las nacientes repúblicas de Colombia y Ecuador, respectivamente.
¿Por qué sucedió esto? ¿actuó mal la justicia? ¿debería reabrirse el proceso de Sucre para condenar a aquellos de quienes se sospecha?
Las naciones tienen en su historia un sinnúmero de pasajes oscuros que son objeto de análisis, estudio e investigación de una variedad de autores en sus obras, pero los pasajes que más despiertan la atención son aquellos relacionados con la muerte de figuras públicas y personajes históricos que, paradójicamente, siempre se encuentran rodeados por un halo de misterio. En este contexto, Ecuador no es la excepción, sino piense usted, querido lector, en sucesos tan determinantes en la historia patria como los asesinatos de García Moreno o Eloy Alfaro. O en las muertes de personajes como Vicente Piedrahita, Julio Andrade o el mismo Jaime Roldós.
Dice Juan Gabriel Vásquez en su opus magnum “La forma de las ruinas”, que existen dos formas de contemplar a la historia: a) una visión accidental que considera que la misma es el producto de una serie de irracionales actos, imprevisibles acontecimientos y aleatorios sucesos encadenados entre sí; y, b)
una visión conspirativa donde todo se resume en manos y sombras que controlan todo lo que sucede, sin dejar espacio a las coincidencias y los accidentes.
Obviamente, la racionalidad nos obliga a ir por la primera perspectiva, pues parecería ilógico e incluso lóbrego pensar que existan seres humanos que manejan de una forma macabra los hilos de la historia. Eso precisamente marca la diferencia entre el estudio consciente de los sucesos y la visión sesgada de los mismos, tan propia de las teorías conspirativas.
En este sentido hay que recordar que, si bien la búsqueda de la verdad guía al conocimiento humano, por su naturaleza, este conocimiento no puede sino aspirar a una verdad aproximada. De ahí que, en ámbitos tan importantes como el jurídico, partamos siempre de aproximaciones, hipótesis y conjeturas que, si no tienen correspondencia con la realidad, deben ser desechados.
Así, si aquellos que la historia ha relacionado con la muerte de Sucre no fueron condenados, es porque simplemente lo sucedido en el proceso judicial, no fue suficiente para hacerlo y, por más “injusto” que parezca, lo histórico y lo jurídico tienen fines y reglas distintas.
En tiempos como los actuales, donde parece imponerse un persistente deseo de aplicar una visión conspirativa a todos los hechos, es necesario recordar que verdad histórica y verdad procesal son distintas y que, por más oscuridad que rodee a luctuosos hechos, no podemos pasar por encima de garantías mínimas para reabrir casos y buscar responsables donde no los hay.
