En épocas de dominio planetario del capitalismo, Latinoamérica es una rara excepción. Es cierto que no se ha roto con ese modo de organización social, pero sí se ha golpeado fuertemente sobre sus peores consecuencias: hambre, desocupación, analfabetismo, mortalidad infantil, falta de atención sanitaria. Todo esto ha cambiado en la mayoría de nuestros países en los últimos años, de la mano de gobiernos claramente comprometidos con lo popular en sitios como Argentina, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Brasil, Bolivia. Sudamérica ha vivido un alivio de su sempiterna situación de subordinación y atraso a que la habían condenado las políticas obedientes a los intereses de los imperios (primero Inglaterra y luego Estados Unidos); gobernantes ‘que se parecen a sus gobernados’ se instalaron para notoria mejora de los índices macroeconómicos, así como de los sociales en la región (gobernantes indios, sindicalistas, que fueron militantes perseguidos, mulatos, se ubican entre ellos).
El presidente Correa ha denunciado con claridad la presencia de una campaña restauradora del viejo orden privatista, privilegiante y neoliberal. Viene dándose, con marchas y contramarchas, hace tiempo: recordar los golpes institucionales dados a los gobiernos de Zelaya en Honduras y de Lugo en Paraguay, para advertir cómo en esos dos países se consiguió retornar a la veta antipopular y retrógrada de tiempos anteriores. Lo de ‘golpe institucional’ no sugiere que se haya respetado a las instituciones, sino a que son las instituciones las que fueron tergiversadas y atropelladas, pero sin la modalidad abierta de los golpes militares tradicionales.
Es cierto que en otras latitudes la cuestión fue diferente. Se ha mantenido en Nicaragua un gobierno sandinista que, si bien no representa prístinamente a todo el espectro que hizo la revolución de 1979, está lejos de ser simpático para la derecha ideológica proimperial. En Chile volvió a gobernar la Concertación, ahora con una definición política más estatalista de parte de la presidenta Bachelet, y haciendo una opción menos confrontativa de la Alianza del Pacífico. En Costa Rica y en El Salvador han ganado agrupaciones de izquierda las recientes elecciones, lo que propone un mapa centroamericano al que EE.UU. pretende responder organizando reuniones de sectores conservadores en la región, especialmente desde su reconquistada Honduras.
Los intentos desestabilizadores en otros países han sido casi permanentes. Venezuela sufrió una ofensiva muy dura, que incluyó barricadas y violencia callejera, durante varios meses consecutivos a comienzos de este año, si bien el propósito de destituir al Gobierno resultó frustrado por el apoyo popular a las autoridades. Argentina ha sufrido ataques mediáticos y de movilización de sus sectores medios y altos; últimamente, ello ha sido trocado por puebladas policiales como a fin de 2013, o ataques financieros como los de ‘fondos buitre’ actualmente. Ecuador sufrió la asonada -también policial- del 30 de septiembre de 2010. Evo se enfrentó al separatismo rabioso instalado por las oposiciones de derecha en Tarija, y la agresión empresarial en Santa Cruz de la Sierra. Ningún gobierno que tome distancia de los intereses dominantes ha estado exento de este tipo de coacciones y avances.
Sin embargo, los pueblos no están dormidos. Pueden entender mejor o peor el hecho de que los actuales gobiernos los favorecen, y los últimos resultados electorales en Argentina o Ecuador han sido menos alentadores que los anteriores. Pero está claro que los votantes dan por propios los logros obtenidos en estos años, los han naturalizado e incorporado como irrenunciables para sus propias vidas.
De tal manera, cualquier restauración oligárquica se verá limitada en sus posibilidades. Quizá pueda engañar a parte de la población por algún breve tiempo, pero en cuanto comience a aplicar sus designios antipopulares, quitando ayuda social y restando gasto estatal para los sectores más pobres, la respuesta de la población no ha de demorar. La garantía primera de los derechos de los pueblos son los gobiernos dispuestos a defenderlos, pero la garantía final son siempre los pueblos mismos, como bien lo mostró la Argentina en la resistencia de los años posteriores al golpe de Estado ‘restaurador’ y antipopular de 1955.