Hay algo que es muy claro, las constituciones ejercen una poderosa fuerza transformadora sobre la vida de los países, como libros de normas sobre lo permisible y como guías de referencia sobre lo deseable. Los pueblos, conscientes de sus derechos, buscan cambios que lleven a una mejor calidad de vida y esto incluye desarrollar mejores instituciones e invertir en reformas duraderas. El cambio es necesario, y esa posibilidad en sí misma es una fuerza revitalizadora en el discurso político de un país.
Generalmente los latinoamericanos tenemos una relación más directa con la constitución. Lo vivido en Chile hace unos días al no aprobar la sustitución del documento actual, que data apenas de 1980 y que ha sido modificado sustancialmente varias veces, evidencia la creencia de que los parches son útiles en un momento coyuntural del país, de ahí la premura en buscar reescribir su ley suprema.
Para muchos chilenos, el valor simbólico de sustituir la Constitución de Pinochet está muy entretejido con la convicción de que la situación actual es un obstáculo para la necesaria ampliación de los fondos para la educación, sanidad pública universal y otros programas sociales.
Pareciera no existir coherencia si se recuerda que, en un referéndum celebrado hace dos años, casi el 80 por ciento de los votantes apoyó en las urnas que se sustituyera la Constitución actual de esta democracia capitalista con dolencias conocidas y desigualdades de riqueza que plantea cada vez más desafíos donde muchos chilenos perdieron la fe en el sistema político y polarizado.
De las 38 democracias desarrolladas que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Chile es, con mucha diferencia, la que destina la menor parte de su producto interno bruto a los servicios públicos. Desde 1789, la constitución promedio ha durado 17 años y redactar una nueva es, a veces, una distracción de arduo trabajo por fortalecer la institucionalidad y que los cambios sean estructurales.
Esto lleva a la reflexión sobre la constitución de Estados Unidos, considerada como la más antigua en vigor del mundo y que muchos lo consideran inmutable. El último cambio sustancial fue una enmienda de 1971 que redujo a los 18 años la edad para sufragar. Este documento minimalista, con tradición de derecho consuetudinario, se centra en los límites del poder estatal. Principio del formulario
Del otro lado, está Ecuador dónde elaborar constituciones se convirtió en el deporte preferido. Desde la separación de la Gran Colombia en el año de 1830, la República del Ecuador ha tenido 20 textos constitucionales a lo largo de su historia. Expertos gracias a los vendedores de ilusión, con ropaje de mesías o profetas quienes, llegaron a la conclusión de qué para cambiar el rumbo del país, necesitan normas diferentes; además, clase política tiene la convicción que mientras más constituciones, referéndums y consultas populares, tenga un país, la democracia se fortalece por el ejercicio democrático de preguntar al pueblo.
Hace cuarenta y ocho horas, el presidente ecuatoriano puso a consideración, ocho preguntas relacionadas con seguridad, fortalecimiento democrático y medio ambiente. Algunas de ellas, buscan enmendar la Constitución para exigir que los movimientos políticos obtengan el % 1.5 de los empadronados como afiliados y qué- de aprobarse la enmienda constitucional- de un escobazo, ‘’Alexa’’, podría limpiar 272 movimientos. Antes, la Corte Constitucional debe hacer lo suyo.
Los ciudadanos, muchos incautos y otros aferrados a la esperanza, apoyarán con el voto en la creencia de que el nuevo articulado arreglará sus vidas, a sabiendas que Ecuador, país pobre, en crisis y sin educación, no llegará a puerto seguro. Con dos decenas de constituciones, cabe preguntar: ¿el documento jurídico trata la igualdad de los ecuatorianos, como objetivo central de su política de Estado?
Con el tiempo aprendimos que en la mayoría de casos, la Carta Magna es presentada como declaración de identidad nacional y sus aspiraciones, son en realidad, afirmaciones de principios universales vestidos con traje típico, que coquetea con el largo listado de derechos garantizados. Ojalá la próxima generación tenga que empezar de cero. Quizá eso es lo que debería ser una Constitución.