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El pequeño productor agropecuario se enfrenta al reto de hacer llegar su producción al consumidor, con justa compensación por sus esfuerzos, pero está asediado por la agroindustria, que amenaza con incorporar la agricultura familiar a su cadena productiva y por la presencia de intermediarios, que se llevan buena parte del valor de la producción, quedando con escasísimo margen de ahorro para la nueva cosecha e ir progresando en cuanto a la satisfacción de sus propias necesidades.
Asimismo, carece de educación en economía, que le permita defenderse, comenzando porque desconoce el mecanismo de establecimiento de costos. Parte de la comercialización la hace en las aceras de las ciudades o envuelto el producto en paquetes de un dólar en los semáforos.
¿Cómo cambiar?
Hay acuerdo en que lo primero por resolver por parte del Estado, tiene que ver con la educación, culturización y el sistema de comercialización.
Hay que pensar en grande, como se propone en el Manifiesto para la Agricultura Campesina, para fortalecer y diversificar circuitos alternativos de comercialización, replanteando el vínculo campo-ciudad y consolidando la relación consumidores - productores, para sacarlos de las garras de los actores hegemónicos, la agroindustria e intermediarios.
Convendría fortalecer la comercialización asociativa, cooperativa e incluso integrar los pequeños y medianos productores en el sistema de compras públicas. Ha sido reducida (1,8%) la participación de los actores de la Economía Popular en las compras de alimentos por el Estado, especialmente para escuelas, cuarteles y hospitales (Senplades 2013).
Virgilio Hernández, asambleísta y ponente de la reforma a la ley del sector, asegura que “es un sector con muchísimas potencialidades”, al recordar que produce la mayor cantidad de bienes y servicios que consume directamente la ciudadanía. (O)