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El Telégrafo
Juan Francisco Román

Certificar lo evidente

01 de febrero de 2022

En algún punto de su vida usted ha tenido, por obligación legal, reglamentaria o por invento propio de algún funcionario público o privado que “notarizar” su cédula y papeleta de votación para que el receptor de ese documento crea que es válido, original y le pertenece a usted.

Esta práctica común ha sido una costumbre que se ha sembrado no solo en Ecuador, sino que, en toda la región latinoamericana, pues, si no tiene un sello y una firma de notario poco o nada vale. Pero eso sí, cuesta.

La seguridad jurídica, dicen los mayores defensores de los procesos notariales para todo y para todos, es el fundamento constitucional más fuerte para que la ley, los reglamentos y el canto del gallo de algún funcionario que quiere sentirse “seguro”, necesite pasar por los ojos de un notario. Esto debe parar.

Los notarios públicos son funcionarios investidos en fe pública que garantizan la seguridad y veracidad de todo documentos, acto o contrato que se le entrega y se hacen ellos responsables de estas características del documento. Pero ¿todo documento debe pasar por estos procesos? La respuesta es no, no todos, menos aún una cédula, menos aún una papeleta de votación.

El problema es que antes, cuando había esta necesidad de que todo esté certificado por un notario no existía la tecnología y corroborar la información era difícil, pues el cálamo y el papel eran reyes y revisar la veracidad de un documento era difícil. Tenía sentido certificar, pero eso como hace unos cuarenta años atrás.

Ahora, existen entidades que resguardan y reparten la información en tiempo real, inmediatamente y hasta tienen procesos de certificación electrónica, sí, como la firma electrónica. Entonces, me pregunto, ¿cuál es la necesidad de seguir certificando lo evidente? Pues no existe, simplemente es de organizar de manera pormenorizada información del ciudadano como su edad, domicilio, si tienen o no una discapacidad, si tiene cédula, si ya votó o si no lo hizo y repartirla a todas las entidades públicas para su acceso inmediato. Es espantoso que el Estado le pida al ciudadano que certifique información que el mismo Estado provee.

Este país se siente como si la información propia de un ciudadano emitida por las autoridades de varias naturalezas sea tan débil que se requiere comprobación para saber que es la que se presente, y esto es innecesario, costoso y retrasa absolutamente todo el quehacer civil y jurídico para la consecución o acceso de un derecho o varios de ellos.

Solo como un pequeño ejemplo, en el mundo corporativo: si usted tiene una participación social en una compañía limitada con un valor de un dólar y quiere cedérsela a uno de los socios de la compañía, tomando en cuenta el proceso de este tipo de cesiones, entonces usted tendrá que pagar a un abogado para que pida a un notario elevar a escritura pública esta cesión; hecho esto, tendrá después de ir al notario donde creó la compañía para que margine que se ha realizado esta cesión, después tendrá que ir al Registro Mercantil para que inscriba esta cesión, y finalmente deberá informar a la Superintendencia de Compañías que ha cedido su participación de un dólar. En conclusión, para ceder una participación de un dólar, usted deberá pagar en servicios legales, inscripción en el Registro Mercantil y notariales más o menos trescientos dólares.

 Y así, esto ejemplos abundan, y seguramente en su mente usted tiene varias experiencias que un funcionario del SRI en algún punto, para sacar un RUC le pidió, sin aviso previo, una copia certificada de cédula, papeleta de votación y usted veía en los enormes carteles de esta institución “TODO SERVICIO ES GRATUITO”.

Es momento de analizar esto y de manera urgente, este país no aguanta un trámite innecesario más, un dólar más en requisitos fácilmente logrables, si el Estado se organiza y deja de estar pidiendo lo evidente.

Si quieren seguridad jurídica, comencemos por limpiar a la justicia de la corrupción, esa tarea está pendiente desde hace años y bueno, al corrupto también le piden copias certificadas y aún así siguen robando descaradamente.

La tecnología debe entrar hoy y ahora y evitar la certificación de lo evidente.

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