Las matanzas en las cárceles son hechos que tienen que ver con el crimen organizado; pero también con la negligencia de un gobierno que no entiende el problema y que es incapaz de proponer una solución.
El Estado Ecuatoriano construyó grandes Centros Regionales: Latacunga (USD 70,4 millones), Centro Regional Guayas (USD 78 millones), El Turi (USD 40 millones), y la reconstrucción de la Penitenciaria del Litoral (USD 30 millones); sin embargo existe un 42% de hacinamiento, 15 mil personas sin sentencia y un permanente sistema de extorsión.
A pesar del gasto en construcción de esas grandes bodegas humanas, nunca se trabajó en un verdadero sistema de rehabilitación y reinserción, que debía complementarse con jueces penitenciarios, un sistema de seguimiento, formación de guías, diseño e implementación de políticas de prevención del delito y política criminal.
Y las matanzas recientes son la “punta del iceberg”, pues el problema carcelario refleja un país permeado por el narcotráfico, desde el nivel político con financiamiento ilegal de campañas, uso del sistema financiero para el lavado de activos, corrupción de jueces y fiscales, fuerzas de seguridad, funcionarios y otros.
En ese sentido, el Gobierno debe retomar el control, volver a unificar la estructura del SNAI y Derechos Humanos en una sola institución, implementar un plan emergente para formación de guías penitenciarios, depurar instituciones, trabajar en conjunto con la Corte Nacional de Justicia y conformar una unidad anticorrupción; y al menos cumplir con el tratamiento diferenciado de mínima, mediana y máxima seguridad.
El Gobierno debe cooperar con otros países en la lucha contra el narcotráfico y evaluar una consulta popular que modifique el Art. 79 de la Constitución que impide la extradición de nacionales. Con decisión Ecuador debe buscar soluciones para evitar sentencias de muerte y sobre todo entender que todo ser humano merece una segunda oportunidad.
