Mientras España desarrollaba su guerra de independencia contra el imperialismo napoleónico, en Hispanoamérica afloraban los primeros movimientos emancipatorios, aprovechando la crisis existente en la cabeza de la monarquía. Quito y Chuquisaca lanzaron en 1809 sus primeros gritos de independencia y en la primera se llegó a constituir el primer gobierno autónomo de las colonias españolas. Por su parte, los virreyes de Perú y Nueva Granada alistaron la represión de esos movimientos insurgentes.
Alarmado con la situación americana, el Consejo de Regencia español designó a varios comisionados regios para que se trasladaran a las colonias, anunciaran su establecimiento y buscaran resolver los problemas políticos y restablecer la calma. Sus poderes eran similares a los de los virreyes. Los comisionados fueron Antonio de Villavicencio para Nueva Granada, Carlos Montúfar para Quito y José Cos Iriberri para Perú.
Su llegada a Caracas, a Cartagena y a Bogotá coincidió con la instalación de cabildos revolucionarios, por lo que historiadores españoles los han acusado de haber alentado esas revoluciones. Pero lo cierto es que Villavicencio evitó la independencia total de Venezuela en ese momento y luego la de Cartagena, anunciando que España ya tenía un gobierno nacional y no debía temerse en América la imposición del poder napoleónico.
Mientras Villavicencio apaciguaba a los insurgentes de Cartagena, Montúfar avanzó a Santafé, donde buscó calmar los ánimos de los criollos y donde se enteró de los planes represivos contra la Junta Soberana de Quito, los que buscó evitar. En medio de las dificultades que le pusieran el Virrey de Santafé y el Presidente de Quito, siguió viaje hacia esta ciudad, sufriendo tres atentados contra su vida durante el tránsito. Al fin llegó a su destino el 29 de agosto de 1810, luego de la matanza de los patriotas ejecutada el 2 de agosto por las tropas del virrey de Perú, que aún permanecían en la ciudad.
Encontró a la ciudad herida e indignada por los crímenes del colonialismo y con sed de venganza. El pueblo y los criollos lo recibieron con esperanza; las autoridades españolas con recelo y animadversión. En ese clima empezó a actuar con tino, pero con firmeza. Logró que fuera reconocida la autoridad del Consejo de Regencia y, por tanto, la suya propia, y que se crease una Junta Superior de Gobierno dependiente de aquel Consejo. La Junta debía ser elegida por un Cabildo Abierto a celebrarse en la sala general de la universidad.
Cumplido el procedimiento, fue designada la nueva Junta, que era producto de una transacción política entre las autoridades coloniales, los criollos y el Comisionado Regio. Era su presidente el mismo de la Audiencia de Quito, Conde Ruiz de Castilla, y su vicepresidente el Marqués de Selva Alegre, padre del comisionado. La instalación de la nueva Junta se dio en medio de la alegría general y de festejos públicos.
Además de lograr la salida de las tropas limeñas, el Comisionado Regio organizó un pequeño ejército voluntario, llamado ‘Falange de Fernando VII’, constituido por siete compañías de milicias de infantería, dos de caballería y una de artillería. (O)
