Se llamaba Berta. Berta Cáceres. El 4 de marzo pasado iba a cumplir 43 años. La víspera, la mataron. En Honduras. Por ambientalista. Por insumisa. Por defender la naturaleza. Por oponerse a las multinacionales extractivistas. Por reclamar los derechos ancestrales de los Lencas, su pueblo indígena. A la edad de 20 años, siendo estudiante universitaria, Berta fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) que hoy reagrupa a unas 200 comunidades nativas y se ha convertido en el movimiento ecologista más ofensivo. El régimen hondureño, nacido de un golpe de Estado, ha cedido el 30% del territorio nacional a transnacionales mineras e hidroeléctricas. Hay decenas de megapresas en construcción y más de 300 empresas extractivistas que saquean el territorio mediante la corrupción gubernamental. Pero el COPINH ha conseguido detener la construcción de embalses, paralizar proyectos de deforestación, congelar explotaciones mineras, evitar la destrucción de lugares sagrados y obtener la restitución de tierras expoliadas a las comunidades indígenas.
Por eso, en la madrugada del pasado 3 de marzo, mientras dormía, dos sicarios de unos escuadrones de la muerte se introdujeron en su vivienda de la ciudad La Esperanza y asesinaron a Berta Cáceres.
Se trata de un crimen político. Desde que, en junio del 2009, el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, fue derrocado por un golpe de Estado -contra el que Berta protestó con inaudito coraje, encabezando las manifestaciones contra los golpistas-, este país se ha convertido en uno de los más violentos del planeta y en un paraíso para las grandes transnacionales depredadoras y para las organizaciones criminales. En ese contexto, el régimen de Juan Orlando Hernández y la oligarquía hondureña siguen asesinando impunemente a quienes se oponen a sus atropellos. En estos últimos siete años, decenas de dirigentes campesinos, líderes sindicales, militantes de movimientos sociales, defensores de los derechos humanos, periodistas rebeldes, educadores y ambientalistas han sido exterminados. Con total impunidad. Nada se investiga, nada se aclara. Nadie es sancionado. Y los medios dominantes internacionales (tan dispuestos a poner el grito en el cielo al menor desliz que pudiera cometerse en Venezuela) apenas mencionan ese horror y esa barbarie.
El mismo día que mataron a Berta Cáceres, la ONG Global Witness, de Londres, denunció que Honduras es «el país más peligroso del mundo para los activistas del medio ambiente». De los 116 asesinatos de ecologistas en el planeta en 2015, las tres cuartas partes se produjeron en América Latina y la mayoría en Honduras.
En 2015, Berta Cáceres recibió el más prestigioso galardón internacional ecologista, el Premio Goldman, el «Nobel verde», por su lucha contra la construcción de un megaembalse hidroeléctrico que amenaza con expulsar de sus tierras a miles de indígenas. Con su audaz lucha, Berta logró que la empresa estatal china Sinohydro, la mayor constructora de embalses hidroeléctricos del planeta, y un organismo ligado al Banco Mundial dieran marcha atrás y retiraran su participación en la construcción del embalse de Agua Zarca, sobre el río Gualcarque, río sagrado de los Lencas en la sierra de Puca Opalaca.
Movilizadas por Berta y el COPINH, las comunidades indígenas bloquearon el acceso a las obras durante más de un año. Y consiguieron que algunos de los intereses empresariales y financieros más poderosos del mundo renunciaran a involucrarse en el proyecto. Esa victoria fue también la causa más directa del asesinato de Berta.
La construcción del megaembalse de Agua Zarca empezó en 2010 por la empresa hondureña DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima) con aporte financiero del Banco Ficohsa (Financiera Comercial Hondureña SA) que recibió fondos del Banco Mundial (BM). El proyecto tiene el apoyo financiero del Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE), y de dos instituciones financieras europeas: el Banco holandés de desarrollo, Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, (FMO) y del Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINNFUND) . También está involucrada la empresa alemana Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG, contratada para la construcción de las turbinas. Todas estas empresas tienen una responsabilidad en el asesinato de Berta Cáceres. No pueden lavarse las manos.
Los ambientalistas como el pueblo Lenca defienden un derecho. Denuncian la violación del Convenio 169 «sobre pueblos indígenas y tribales» de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por Honduras en 1995, porque no existe una Consulta Previa Libre e Informada (CPLI) de las personas afectadas por el megaembalse, como lo exige la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).
Berta sabía que era una mujer marcada para morir. Fue amenazada en muchas ocasiones. Estaba en la mira de los escuadrones de la muerte, sicarios de los amos de Honduras. Solía decir: “Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo”. Cuando recibió el Premio Goldman le preguntaron si ese galardón podía constituir un escudo de protección, y respondió : « El gobierno trata de vincular los asesinatos de defensores ambientales con la violencia común, pero hay suficientes elementos para demostrar que existe una política planificada y financiada para criminalizar la lucha de los movimientos sociales. Ojalá me equivoque, pero creo que, en lugar de disminuir, la persecución contra las y los luchadores va a recrudecer”. No se equivocó.
La presa de Agua Zarca se sigue construyendo. Y los que se oponen a ello siguen siendo asesinados sin miramientos como lo acaba también de ser -diez días después del asesinato de Berta- el líder ambientalista hondureño Nelson García . Los mismos que mataron a Gandhi, a Martin Luther King y a Monseñor Romero le cortaron la vida a Berta, maravillosa flor de los campos de Honduras.
Pero no silenciarán su lucha. Como dice Pablo Neruda: «Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera». (O)