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WikiLeaks es una organización internacional sin fines de lucro, que hace públicos, mediante la web, informes anónimos y documentos filtrados, cuyo contenido es sensible. En días pasados, el Gobierno ecuatoriano ratificó su compromiso con los derechos humanos, al otorgar el asilo diplomático a Julian Assange, fundador de esa organización.
En su momento, WikiLeaks reveló el desprecio con que ciertos diplomáticos trataban a países y líderes no alineados con los intereses de Washington. Los cables publicados pusieron en evidencia las intromisiones en asuntos internos de otros Estados. Esta sorpresiva información disparó una respuesta automática de persecución política a Julian Assange, quien terminó solicitando asilo en la embajada del Ecuador en Londres.
El año pasado tuve la oportunidad de visitar Londres para participar en varios actos académicos. Hay que reconocer que es una ciudad vibrante, con una gran oferta cultural –recordemos que es la capital mundial del rock– y, además, uno de los principales centros europeos del pensamiento y actividad académicos.
En esa ocasión de mi visita, Fidel Narváez (cónsul ecuatoriano en Londres) me comentó sobre el juicio que fue planteado contra la BBC. En un documental producido y dirigido por Greg Palast, que fue transmitido en noviembre del año 2007 en el programa Newsnight, la BBC afirmaba que el presidente venezolano Hugo Chávez había entregado al presidente Rafael Correa un cuarto de billón de dólares, con la supuesta intención de que el Gobierno del Ecuador enfrentara a George W. Bush y, al mismo tiempo, lograra expulsar a la compañía Occidental Petroleum que operaba en la Amazonía. En este documental también se ridiculizaba a los pueblos indígenas amazónicos.
Narváez interpuso la queja formal contra la BBC y la desafió a probar sus afirmaciones. El proceso comprobó la falsedad de las aseveraciones de Palast. La BBC no tuvo más remedio que retractarse y admitir que había desinformado a la población. Pero no lo hizo usando la misma vía en la que había difundido esa falsa información, sino que exhibió un texto de referencia colgándolo en su página web.
Ahora Londres, luego de ser el gran escenario de las Olimpiadas mundiales, es el epicentro de la ira imperial. Un día antes de la decisión ecuatoriana, el Gobierno inglés envió una carta grosera y amenazante, en la que se afirmaba que estaba en el derecho de ingresar por la fuerza a la embajada del Ecuador. Sustentó esa posición citando una ley británica de carácter interno, la “Diplomatic and Consular Premises Act”, de 1987, y afirmó también que no concedería el salvoconducto a Assange para salir de Inglaterra.
Debemos tener total claridad sobre este principio: una ley interna no está por sobre el derecho internacional. Un Estado-cliente jamás habría concedido asilo político a Assange. Quienes hoy critican la decisión soberana tomada por el Gobierno ecuatoriano son unos cuantos voceros caducos de la partidocracia, que han vivido acostumbrados a doblar la cerviz frente a cualquier imposición venida del norte.