Este jueves 3 de enero tuvo lugar el primer debate en la Asamblea Nacional acerca de las reformas al Código Integral Penal. El debate opuso posturas de los asambleístas denominados provida frente a aquellos que defendían no solo los derechos de las mujeres, sino las recomendaciones de comités de derechos humanos, como Cedaw, Unicef, ONU, OPS, OMS, para que se despenalice el aborto por violación en el país.
Repetir las cifras y los argumentos que convierten un imperativo la despenalización del aborto por violación resulta necio frente a las y los militantes mal llamados provida. Ellos, al parecer, no entienden de razones, sino que sus dogmas de fe se imponen, tanto así que llamaron a tomarse la Asamblea para impedir que supuestamente se apruebe el aborto en el país.
El tema de fondo es que entre los asambleístas hay varios, quizás demasiados, militantes fundamentalistas que comparten esa tendencia. Esto resulta muy peligroso en nuestra sociedad. Un legislador, antes de dictar la norma, debería informarse de la situación de embarazos de niñas y adolescentes como consecuencia de violaciones en su entorno familiar; además, debería abrir su mente a la realidad social que impera en el país: el aborto es un hecho cotidiano y lo seguirá siendo, penalizarlo solo contribuye a mantenerlo en la clandestinidad y esto afecta a las mujeres de los estratos más desfavorecidos.
No obstante, se observa una peligrosa cerrazón de asambleístas de la tendencia de derecha, como los del movimiento CREO, socialcristianos, entre otros. Ellos, apertrechados en su posición de privilegio, pretenden ignorar la lacerante realidad de niñas y adolescentes víctimas de violación y obligadas por el Estado a mantener ese embarazo.
Urge que la sociedad vigile la actuación de los y las asambleístas sobre este tema, pues existe un consenso social bastante pronunciado acerca de la necesidad de despenalizar el aborto por violación. Los asambleístas que no legislan basados en los exhortos de organismos internacionales de derechos humanos, en las cifras e indicadores sociales y de salud, y en el propio clamor ciudadano, deberían ser castigados en las próximas elecciones que se avecinan.
Es necesario identificar y visibilizar claramente a este grupo de asambleístas antiderechos, que incluso pretenden identificarse como “progresistas”, cuando realmente son unos retrógrados de la peor ralea. (O)
