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“Tenía apenas 11 años.No sabía ni qué era eso de estar casada, menos aún qué significaba ser mamá.Yo nunca quise”, decía con la voz entrecortada Valeria (nombre protegido)en una entrevista que realicé hace más de veinte años, durante una etnografía en las cercanías del lago Titikaka (Bolivia).
Hoy, dos décadas después, la realidad apenas ha cambiado.Al respecto, el Defensor del Pueblo en Bolivia informó que, según datos del Servicio de Registro Cívico (SERECI), “se registraron 4.804 matrimonios de adolescentes mujeres entre16 y 17 años.”Además de “487 matrimonios de niñas de 12 años y adolescentes entre 13 y 15 años”, ahora pensemos en los casos de concubinato forzado que no entran en estas estadísticas.
El pasado 23 de abril de 2025, el Senado del Estado Plurinacional aprobó el Proyecto de Ley 092/2024-2025, que modifica el Código de las Familias y del Proceso Familiar —una norma sancionada durante la presidencia de Evo Morales— y que, en los hechos, validó por años el matrimonio con menores de edad, estableciendo incluso la edad de los 16 años como mínima para contraer matrimonio.
Independientemente de la ley, el arraigo de la práctica del matrimonio infantil, generó una cadena de vulneraciones, por nombrar algunas: la maternidad forzada, violencia por razones de género en el hogar y exclusión del sistema educativo para niñas y adolescentes.Además, este tipo de legislación abrió la puerta a la trata de menores, fomentó el silencio, la impunidad y el encubrimiento del agresor, especialmente en casos de violación o pedofilia.
El matrimonio infantil no puede seguir justificándose ni romantizándose mediante prácticas culturales como el Irpaska, un ritual andino en el que una menor o una mujer es secuestrada durante tres días y, tras su retorno, es entregada por sus padres al agresor para pasar al concubinato forzado o sirwiñaku.Este tipo de prácticas, tampoco pueden ampararse en el imaginario patriarcal de “salvar la honra”, que condena a la niña a una vida sin futuro.Mucho menos puede convertirse en un arreglo para proteger a violadores que ocupan altos cargos gubernamentales, como ha ocurrido en múltiples casos de conocimiento público.
Que se apruebe un proyecto de ley que prohíba el matrimonio infantil es un avance, pero resulta insuficiente si el sistema judicial continúa operando bajo una lógica patriarcal y abusiva, si el concubinato forzado es una normalidad y no sale en las estadísticas.La transformación requiere más que normativa: demanda voluntad política, capacidades estatales, una reforma judicial profunda y un cambio cultural estructural.La banalidad del mal, como la definió Hannah Arendt, explica cómo las altas autoridades, los tomadores de decisión e incluso los funcionarios del registro civil pueden dejar de pensar y actuar sin sentido común ni empatía, cómo terminan facilitando un trámite que reviste de legalidad lo que, en esencia, es un crimen. La vida con dignidad es un derecho, no debería ser un privilegio.