Hace un año, camisas negras ondeaban con frenesí banderas negras por las avenidas quiteñas, como habiendo descubierto un cauce para el desfogue de su ira acumulada a lo largo de ocho años de Revolución Ciudadana. Habían hallado, por fin, una consigna movilizadora para oponerse al Gobierno, cuando este envió a la Asamblea el proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza. La consigna no era nueva. Era, en realidad, un viejo lema de la ultraderecha: familia, patrimonio y propiedad.
La consigna ignoró el contenido humanista del proyecto, orientado a la justicia y la equidad, centrándose en el referente de la ‘acumulación excesiva’: las familias oligárquicas, que en el discurso de la derecha se mimetizaron en el universal ‘familia ecuatoriana’. Así, apoyados en los medios, izando sus banderas negras y calentando calles, acusaron al Gobierno de ‘atacar a la familia ecuatoriana’, de querer ‘acabar con las empresas familiares’ y el ‘patrimonio familiar’, aprovechando, además, para posicionar su visión colonial del Estado como ‘Estado ladrón’ y oponerse al pago del impuesto a la herencia por ‘confiscatorio’, tal cual históricamente argumentaron para resistir toda tributación.
Sin embargo, con esta estrategia, la derecha logró una conexión simbólica con la veta conservadora de los(as) ecuatorianos(as), y lo hizo también por mediación de las contradicciones discursivas del propio Gobierno que, por una parte, define a la familia como ‘núcleo fundamental de la sociedad’, mientras, por otra, y en aras del bien común, cuestiona la aplicación de este concepto en la práctica de las élites oligárquicas. En cambio, parecería que en la mentalidad de los(as) ecuatorianos(as) no importa el tipo de familia. Lo que importa es ‘la familia’, a la que se le debe la lealtad primaria, en el marco de un país con dificultades históricas para construir lealtades colectivas imaginadas. De ahí que, pese a los argumentos morales y a la contundente lógica estadística que demostraba la concentración de la riqueza en pocas familias, el discurso del Gobierno no pudo imponerse a la interpelación atávica y emocional de la derecha en torno a la familia y el patrimonio y terminó retirando temporalmente el proyecto.
Empero, las banderas negras no han ganado. Al año, hemos atestiguado una respuesta opuesta frente a otras iniciativas tributarias que lograron conectarse simbólicamente con el lado progresista del pueblo, no solo porque el terremoto movilizó un sentido de pertenencia nacional, sino porque el Gobierno interpeló a la sociedad articulando un discurso consistente con una práctica en torno a la solidaridad, la unidad y la acción colectiva para la reconstrucción. Fue una interpelación general, no particularizada en ningún sujeto y muy concreta.
Ad portas del reenvío del proyecto de ‘ley de herencias’, cabe preguntarse si este mantendrá el consenso logrado, o, por el contrario, se constituirá en un insumo para que los camisas negras y su arcoíris de fuerzas auxiliares levanten sus banderas negras por las avenidas del país. (O)