El gobierno de la Revolución Ciudadana, desde su instauración, comprendió, y en esa dirección funciona, que para el eficiente manejo de la administración pública y evitar el caos debe prevalecer el respeto al orden establecido y la aplicación de la ley, en toda su dimensión, contra los infractores, inexorablemente. La impunidad en sus diversos niveles de la sociedad es la burla de la justicia y con ello se fomenta la desconfianza en la ciudadanía.
En este régimen, con la inauguración de la independencia real de la justicia, irradia el orden y la seguridad. El incremento de las pandillas juveniles, los hechos delictivos y el consumo de drogas no son problemas recientes ni culpa de este gobierno. Ese desvío social se centra con intensidad en los barrios pobres, abandonados y sin estructura familiar. Conociendo esa trágica realidad, el presidente Rafael Correa Delgado anuncia urgentes reformas y mano dura para combatir el microtráfico de drogas, que incluye severas sanciones contra los expendedores de estupefacientes, como complemento a la labor que cumplen el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas (Consep), los ministerios de Salud y Educación en las campañas de prevención, seguridad y acompañamiento para evitar el consumo de drogas a estudiantes. Pero es indispensable el aporte de la colectividad, padres de familia y profesores para atenuar, paulatinamente, ese azote social, hasta su erradicación definitiva.
Algunos medios de comunicación ‘independientes’ con tendencia a fastidiar al gobierno del Buen Vivir destacan el supuesto crecimiento delictivo y la audacia de los dirigentes de las trifulcas y violencia callejera y los convierte en víctimas de la acción de la Policía Nacional. Silencian las agresiones y atentados a la vida de los agentes del orden y los daños a la propiedad privada y, de otro lado, abren sus páginas, con su acostumbrado sensacionalismo, en apoyo a los revoltosos y sus acuciosos abogados. Pero se olvidan los impostores de que este Gobierno ahora, con urgencia, aplica la ley en su vastedad, proyectada a recuperar la confianza ciudadana en la justicia, norma reguladora de la convivencia. Otro caso, como la intentona golpista del 30-S, se convierte en ejemplo, no solo como lección en defensa de la democracia, sino de aplicación de la ley contra los implicados en la fallida criminal revuelta y de que la impunidad quedará para siempre en el recuerdo, en la historia.
Aunque rige la Ley de Comunicación y sus organismos de Control y Sanción, ciertos medios, convencidos, erróneamente, de su disminuido poder, insisten en recoger rumores falsos, difundir verdades a medias y tergiversar sucesos para confundir al público y adopte posiciones contrarias al gobierno del Buen Vivir.
Se recuerda que la ley se aplica, ahora, más que nunca, en toda su amplitud, para liquidar los males sociales, derrotar a los conspiradores y a los violentos y así poder continuar sin estorbo en la construcción de un nuevo país, donde imperen la justicia, la equidad y el trabajo en paz. (O)