Hace unos días, nuestra desprestigiada Asamblea Nacional decidió, por mayoría, conceder amnistía a 268 personas; es decir, la extinción de la pena y del ejercicio de la acción penal por la que estaban siendo procesadas, entre ellas se encontraban decenas de ciudadanos implicados en las protestas de octubre de 2019, uno de los episodios de movilización social más grandes que ha vivido el Ecuador en la última década.
Esta reciente decisión del Legislativo ha causado una evidente polarización en la sociedad ecuatoriana, entre aquellos que la acusan de favorecer a la impunidad de quienes violentamente paralizaron el país, así como los que defienden esta resolución como una apuesta por la reconciliación nacional.
Más allá de profundizar en la importancia y alcance de esta figura jurídica, cuya potestad recae en nuestros representantes en la Función Legislativa y se aplica para cuestiones políticas que son llevadas a la esfera penal, basta con analizar las noticias publicadas en los medios de comunicación nacionales y las opiniones vertidas desde que ocurrió, para darnos cuenta de que como sociedad no hemos aprendido nada.
Por encima de los proyectos de reconciliación, pero especialmente de los pactos políticos, es importante que prevalezca el Estado de Derecho como único modelo de organización para que todos los miembros de la sociedad seamos considerados y tratados como iguales ante la ley y mediante ella. Sin embargo, esto no significa tampoco que una figura como la amnistía pueda simplemente ser dejada de lado de la noche a la mañana. Por desgracia, y de manera indignante nuestros asambleístas actúan a la ligera, favoreciendo a sus intereses en lugar de hacer prevalecer su rol.
Las leyes y procedimientos para la aplicación de la amnistía tienen un respaldo legítimo como alternativa para la pacificación y el mantenimiento del sistema democrático que, si bien nunca podrá ser perfecto, al menos esperamos que pueda propiciar una paz duradera. De todas maneras, mientras el ordenamiento jurídico continúe siendo empleando de manera clientelar, solo continuaremos demostrando que somos un cúmulo de normas plagadas de buenas intenciones, pero que en la práctica no son más que palabrería inútil y esperanzas perdidas que reflejan nuestra carencia de principios sólidos y de institucionalidad.