Cuando esto se lea, habrá culminado en Quito la marcha de la Conaie y habrá pasado el día del anunciado paro general. Se habrá consumado, entonces, un punto alto de la estrategia desestabilizadora hacia el Gobierno, y del intento restaurador de la derecha política en Ecuador.
Por cierto que la Conaie dice y repite que no sirve a la derecha; si tanto debe aclararlo, es porque la lectura plausible de su actitud es que hace ese servicio. Al margen de consideración de intenciones (las cuales, para las ciencias sociales, poco importan ya desde tiempos del estructuralismo francés), lo decisivo es cómo se juega en el concreto espacio de las relaciones de poder. Allí, si se contribuye a deslegitimar un gobierno y no se tiene fuerza para imponer otro, se trabaja objetivamente para que ese espacio sea llenado por quien pueda hacerlo. En el caso ecuatoriano, por el stablishment económico-político tradicional. Es poco concebible que una dirigencia social no sea consciente de esa situación.
Es sabido que la marcha ha sido recibida en algunas ciudades por contramarchas locales en favor del Gobierno, de las cuales han participado agrupaciones indígenas. Otras organizaciones étnicas se han manifestado en contra de Conaie. Es evidente que no están en esa confederación todos los indígenas del Ecuador, sino solo algunos. Hay muchos que apoyan al proceso político que conduce el presidente Correa.
Cabe la discusión teórica de cuál debe ser la relación entre la autonomía decisional de los movimientos sociales -como es el de los indígenas en sus diferentes vertientes- y su posición ante el Estado y las políticas gubernativas. Algunos autores, como Boaventura de Sousa Santos, han planteado autonomía de esas organizaciones, como constitutivas de un poder alternativo al del Estado. Choca con la realidad de que el Estado sigue existiendo, y si está en manos de sectores conservadores, implica un poder coercitivo muy fuerte contra las organizaciones de la sociedad civil.
Los movimientos sociales no pueden ser indiferentes a quién esté en el Gobierno, y no debieran plantearse ir siempre contra el Estado. Su necesaria autonomía decisional debiera compatibilizarse con la atención para apoyar políticas gubernativas progresistas, y evitar la entronización en el Estado de posiciones privatistas y proempresariales, que a menudo pueden ser represivas. Es un difícil equilibrio que la actual dirección de la Conaie no parece ser capaz de establecer. Así, este sector queda engarzado en una estrategia política de la derecha, que no es afín a sus propios intereses como organización social. (O)