En días pasados se informó de la transferencia de los sistemas de riego del Estado, al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi (GADPC), esta noticia es positiva.
Sin embargo, debemos tener presente que el Sistema de Riego constituye la herramienta de trabajo para los Usuarios, siendo estos los responsables de la conservación de su herramienta y de los resultados de producción que se obtengan con uno de los recursos de producción más importantes de la naturaleza, el agua.
La administración de los Sistemas de Riego Estatales siempre ha estado centralizada por los directorios de las organizaciones que tomando diferentes nombres (Instituto, Entidad Regional de Desarrollo, etc.) han representado sectores del poder de turno, de los cuales los Usuarios no han participado ni han sido consultados de las decisiones tomadas para la gestión, lo cual ha dado como consecuencia que los planes de riego nunca se cumplan, siendo notoria la falta de capacitación de los campesinos, dando como resultado la utilización solamente del 30% de la infraestructura construida, aumentando notablemente el valor de las tarifas de la operación y mantenimiento y con frecuencia las recaudaciones realizadas con esta finalidad no fueron utilizadas en beneficio de mejorar estas condiciones, creando la justificada desconfianza del usuario y su resistencia a pagarlas.
El proceso de transferir los sistemas de riego estatal no es traspasar la responsabilidad del riego al Gobierno Provincial, o la posibilidad de contar con los recursos financieros extraídos de un recurso. Es encontrar en la participación comunitaria el verdadero valor del recurso natural con el trabajo mancomunado entre el Estado y los campesinos organizados en las Juntas de Usuarios propiciando la autogestión.
La transferencia de la administración del riego no puede ser el reemplazo de una institución por otra si no una estrategia para transferir al campesino el poder de legitimar y valorar su trabajo para enfrentar la pobreza con la asistencia del Estado que representa a toda la sociedad ecuatoriana y su legítimo beneficiario.
