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En días pasados, se difundió el estudio sobre la situación de la niñez y adolescencia en Ecuador, desarrollado por instituciones nacionales y organismos internacionales como Unicef. El informe destaca repuntes en el aumento del suicidio en adolescentes y del embarazo de niñas y adolescentes.
Estos datos son alertas importantes respecto de los procesos destructivos de la salud y el bienestar de poblaciones infantiles, y de adolescentes y jóvenes. Ante esto, destacamos la importancia de desarrollar procesos protectores para estos grupos de población, hablando de adolescencias y juventudes en plural, considerando las diferencias étnicas, culturales, económicas y sociales que los constituyen.
Hay que comprender también que, si bien es importante fomentar el desarrollo de servicios de salud mental para adolescentes y jóvenes, es fundamental evitar patologizar las adolescencias o criminalizar actitudes o comportamientos que ocurren en esta etapa. Así mismo, no tiene efecto alguno realizar acciones tendientes a modificar las conductas adolescentes, sin considerar que las ayudas más importantes deben estar destinadas a sus principales soportes familiares y escolares.
El informe en mención destaca que la mayor vulnerabilidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se da en contextos de grandes desigualdades sociales con situaciones de pobreza y exclusión alarmantes. Por otro lado, debe visibilizarse el hecho de que padres, madres y maestros en el mundo se encuentran muchas veces dando respuestas a sus hijos y estudiantes desde el desconcierto o falta de comprensión de lo que significa el atravesamiento de la vida familiar, escolar y de casi todas las relaciones humanas, por las nuevas tecnologías y las redes sociales, asociadas a usos problemáticos y sus consecuencias.
Ante esta problemática mundial han surgido algunas respuestas. La agenda por la infancia y la adolescencia 2016-2020 de la Unesco en Argentina, por ejemplo, establece que el 80% de los adolescentes cree que no hay programas que los representen. Por ello, recomiendan el desarrollo de iniciativas que fomenten la participación ciudadana en el ejercicio de sus derechos y diseño de proyectos que integren sus voces en los espacios escolares, estatales y comunitarios, como sujetos y actores primordiales de las propuestas y acciones tendientes a beneficiarlos. (O)