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La revolución ciudadana instaló una forma de constitucionalismo elitista. La Constituyente de Montecristi disfrazó de pueblo, de democracia y de derechos a una serie de instituciones concentradas bajo el dominio del Ejecutivo. El elitismo consiste en la desconfianza por el pueblo. Si se burocratizan los derechos, se estatizan las capacidades ciudadanas y se expropian las libertades a favor de una mafia nacionalista, ¿qué es esto sino la instalación de un constitucionalismo autoritario?
El objetivo de todo esto fue crear un blindaje que descartara la investigación de los casos de corrupción y estatizara el control social. Entonces apareció en la Constitución correísta de 2008 el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un órgano mediocremente elitista, compuesto por delegados de otras elites estatales, encargado de suplantar a la sociedad civil y que será recordado por haber nombrado a las principales autoridades que taparon el latrocinio durante la década ganada. Este último argumento es suficiente para eliminar de tajo este órgano oprobioso del constitucionalismo autoritario todavía vigente.
Este momento se discute en la Asamblea Nacional sobre el fin de este consejo para controlar a la sociedad. Los defensores del control de la sociedad aseguran que el organismo posibilita la democracia social. Nada es más erróneo. Solo la sociedad se encarna a sí misma, no una élite mafiosa. Los detractores más tibios dicen que se deben recortar sus competencias. Lo cierto es que se lo puede abolir sin solemnidades.
En diciembre de 2015 una Comisión legislativa reformó la Constitución por la vía de la enmienda creando un precedente. Desde entonces, cualquier modificación constitucional puede pasar por enmienda.
El constitucionalismo elitista puede vaciarse de contenido y abolirse sin más formalidad que la voluntad política de las mayorías legislativas. (O)