A Guillermo Lasso se le ocurrió o le soplaron la versión de que el 82% del pueblo ecuatoriano se pronunciaba a favor de la realización de una consulta popular para preguntar acerca del derecho de otorgar por igual a todos los ciudadanos que quieran postularse para cualquier función del Estado, aunque haya ejercido esa misma responsabilidad con anterioridad. Ese reconocimiento de derecho no implica la designación de nadie a ningún cargo, sino el derecho a participar como candidato a cualquier función. Es, en definitiva, el pueblo en las urnas el que determina si reelige o no al candidato a repetir un mandato otorgado por el pueblo soberano a cualquier función del Estado, sin excepción.
El derecho a elegir o reelegir a un ciudadano a una función para la que se postula queda en manos exclusivas de la voluntad popular y existen alternativas diferentes que pueden ponerse en práctica, dentro de la concepción de la Constitución.
Si es cierta la aseveración divulgada por Guillermo Lasso, no debería existir temor alguno para ir a las urnas a practicar el derecho universal de elegir o ser elegido: bastaría con que el 50% + 1 no le diera el voto al que pretende reelegirse para que la aspiración le sea negada, por voluntad mayoritaria del elector.
Es tan descomunal la mentira de la existencia de un porcentaje de más del 82% que condenan la iniciativa de Alianza PAIS de ampliar la posibilidad de que Rafael Correa permanezca en la Presidencia por un período adicional, y nadie explica el porqué los opositores del actual Gobierno no ponen en práctica alguno de los procedimientos democráticos contemplados en la Constitución vigente. Y en vez de ello asumen la opción ilícita de procurar la terminación del mandato presidencial a 2017, con el estribillo de ‘Fuera Correa, fuera’ y quieren reproducir prácticas del pasado que solo generaron crisis sucesivas de gobernabilidad, con presidentes que duraban hasta seis meses u otros que incumplieron ‘morir en el intento’ de preservar su mandato; o aquellos que fueron expulsados de la Presidencia por conducir al Ecuador a una debacle financiera a través del llamado feriado bancario que terminó siendo el mayor atraco colectivo que recuerde la patria a través de la historia.
La actual Constitución concede el derecho a la ciudadanía a recoger firmas para convocar una consulta nacional para aprobar o desaprobar cualquier medida gubernamental con la que no estén de acuerdo: el número de firmas que se debe recoger es infinitamente menor al 82%, de modo que los autores de esta descomunal mentira podrían convocar varias consultas distintas si de verdad tuviesen el respaldo de ese gran porcentaje.
No necesitarían desatar un proceso violento de desestabilización, llamado contemporáneamente como ‘golpe blando’, que significa calentar y recalentar las calles con marchas y plantones y volcar una furia inédita desatada en contra de la Policía y del poder constituido, con la intención manifiesta de provocar un reguero de sangre para justificar la necesidad de un cambio de gobernante y romper la democracia que por ocho años ha tenido vigencia en nuestro país. (O)