Arbitrajes parcializados
En pleno desarrollo del campeonato mundial, todo el planeta -que se asemeja a una pelota de fútbol color azul- está pendiente de los partidos que se juegan en Brasil.
En esta ocasión no nos referiremos a quienes aplican en la cancha las reglas fundamentales del popular deporte. Nos vamos a referir a los arbitrajes del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
El Ciadi es un tribunal arbitral privado, dependiente del Banco Mundial. Fue creado en octubre de 1966, con el fin de ‘resolver’ controversias entre un Estado miembro y un inversor de otro Estado miembro. Su sede está en la ciudad de Washington.
A partir de su creación, las empresas transnacionales aumentaron su poder a través de instituciones diseñadas para proteger sus negocios.
Estas ‘protecciones’ se convierten en normas por obra y gracia de los tratados bilaterales de inversiones (TBI) y se hacen cumplir mediante tribunales de arbitraje como el Ciadi. Es fácil deducir a quiénes favorecen los fallos de este tribunal internacional de ‘justicia’.
Este sistema permite a las transnacionales -incluso cuando sus contratos son rescindidos por su culpa o se les exige el cumplimiento de la legislación nacional vigente- recurrir al Ciadi alegando expropiación indirecta y/o discriminación, con el fin de reclamar compensaciones económicas a los Estados.
En el caso Oxy, por ejemplo, el fallo sesgado del Ciadi favorece a la empresa petrolera transnacional y obliga a Ecuador al pago de 2.300 millones de dólares.
En este caso se produjo una violación flagrante a la soberanía nacional, puesto que funciona como instancia ‘superior’ a nuestros tribunales. Además, se trata -a todas luces- de un arbitraje parcializado.
En otro caso, la empresa Metalclad demandó a un municipio mexicano por haberle prohibido echar residuos tóxicos que contaminaban sus reservas de agua. El fallo del Ciadi obligó al cabildo de México a pagar 16,7 millones de dólares. Fue un arbitraje parcializado.
Actualmente, la hermana República Argentina sufre la arremetida de los ‘fondos buitre’, que han puesto varias demandas en el Ciadi.
Podrían citarse muchos otros ejemplos que ponen en evidencia los abusos de las empresas transnacionales que, valiéndose de acuerdos firmados por gobiernos de corte neoliberal, hoy pretenden someter a gobiernos populares que no son del agrado del imperio.
La iniciativa de Ecuador, lanzada en 2008, para crear un centro de solución de controversias en materia de inversiones de los países miembros de Unasur es merecedora de aplausos. Se trata de diseñar un organismo alternativo con reglas claras, con legitimidad y -lo más importante- con soberanía compartida. En esta dirección, del 10 al 13 de junio de 2014, trabajó en Quito el Grupo de Expertos de Alto Nivel. Se aspira a que este Centro de Solución de Controversias inicie sus labores en el presente año.
Será la unidad sur-sur la que permitirá seguir construyendo instituciones soberanas que reemplacen a las instituciones neocolonizadoras.