Un fiscal de Orellana enfrenta un proceso penal por el presunto delito de concusión. Según la Fiscalía General, se le formuló cargos a ese funcionario luego de obtener "los elementos de convicción necesarios" del supuesto cometimiento de ese ilícito.

Durante una audiencia, un juez especializado en corrupción le otorgó medidas alternativas a la prisión. Por lo tanto, el fiscal procesado tiene prohibido salir del país, debe presentarse tres veces por semana ante una autoridad judicial y debe usar un grillete electrónico.

Esa denuncia por concusión fue presentada a través del buzón de transparencia. Allí, una mujer dio a conocer que el fiscal de Orellana le habría pedido alrededor de USD 8.000.

Supuestamente le solicitó ese dinero para actuar a favor de un familiar, que estaba investigado por un caso de violación. Este hecho habría ocurrido en 2020.

La mujer relató que el ofrecimiento no se cumplió. Por esa razón, "pidió al fiscal la devolución del dinero, lo que habría ocurrido en 2022, luego de meses de presión por parte de ella", señaló la Fiscalía.

#ATENCIÓN | #Pichincha: #FiscalíaEc obtuvo los elementos de convicción suficientes para iniciar un proceso penal contra un agente fiscal que habría pedido dinero a cambio de “ayudar” a un procesado en una causa.

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— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 1, 2023

¿Cómo se sanciona el delito de concusión?

La concusión es un delito de corrupción que se sanciona con hasta siete años de cárcel. Así lo establece el artículo 281 del Código Integral Penal (COIP).

Ese ilícito se configura cuando un funcionario público ordena o exige la entrega de “derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas”.