Luciana Torchiaro, Transparencia Internacional: "La corrupción mata y no tiene límites morales"

Hoy se publica el informe de Transparencia Internacional (TI) sobre el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 (IPC). TI es una organización de la sociedad civil dedicada a combatir ese fenómeno en todo el mundo, cuya sede se encuentra en Berlín.

El índice es el principal barómetro internacional de la corrupción en el sector público y ofrece una radiografía del tema en 180 países. Este Diario entrevistó sobre este tema y por email a Luciana Torchiaro, coordinadora para Latinoamérica y el Caribe de TI, quién está en la capital alemana.

Ustedes presentarán su informe sobre la corrupción hoy. ¿Qué dice sobre Ecuador?

Aunque Ecuador se encuentra por debajo de la media regional en el Índice de Percepción de la corrupción (IPC), desde 2012 el país ha escalado 7 puntos. Esto supone cambios significativos en la lucha contra la corrupción a lo largo de estos años. La activación de procesos judiciales importantes, incluyendo la sentencia al expresidente Correa y al exvicepresidente Glas, entre otras figuras importantes del país, ha contribuido a mejorar la percepción de Ecuador en materia de lucha contra la corrupción. Por otro lado, en los últimos años se observa un mejor clima para que los medios y las organizaciones de sociedad civil puedan ejercer su rol de contrapeso al poder. 

¿La calificación del país con respecto al informe de ustedes del año pasado es mejor o peor?

Este año Ecuador obtiene una puntuación de 39 puntos en una escala del 0 al 100, en la que 100 es considerado “muy limpio” y 0 “muy corrupto”. Esto posiciona al país con 1 punto más con respecto al año anterior, pero el cambio es estadísticamente muy poco significativo.

Ustedes dicen que para frenar la corrupción es necesario reducir la influencia de los grandes capitales en la política y promover la inclusión en los procesos de toma de decisiones. ¿Cómo hacerlo?

Es importante que los Estados garanticen la igualdad de condiciones para acceder a contratos públicos. Para eso es fundamental terminar con la práctica muy común en América Latina de financiamiento ilegal de campañas por parte de las grandes empresas para luego obtener contratos públicos.

Por otro lado, las leyes de conflicto de interés, de lobby y de regulación de puertas giratorias son fundamentales para eliminar los “amiguismos” y garantizar que el Estado contrate a las empresas que realmente cumplen con requisitos objetivamente establecidos. Nuestro Contacto Nacional, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, trabajó en un proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Conflictos de Interés, que regula estas figuras. El proyecto se discute actualmente en la Asamblea Nacional.

El país está atacado por la corrupción, durante la pandemia se cobraron sobreprecios por fundas de cadáveres e insumos médicos. Eso horroriza a los ecuatorianos porque robar es terrible, pero en medio del dolor y muerte es criminal. ¿Qué dicen ustedes?

Como hemos visto este año en Ecuador y en otros países de la región, la corrupción mata y no tiene límites morales. Es indignante y muy frustrante que en momentos de tanta angustia y necesidad económica la corrupción siga galopando en América Latina.

Hay una estela de corrupción-calculada entre 35.000 millones y 40.000 millones según la Comisión Nacional Anticorrupción, que se arrastra del gobierno de Rafael Correa. ¿Cómo salir de ese espiral de corrupción?

Para combatir la gran corrupción es fundamental fortalecer la prevención, la investigación y la sanción de los corruptos. Es importante que haya castigo firme, de lo contrario estos episodios seguirán ocurriendo.

Estamos a dos semanas de las elecciones y los candidatos del expresidente participan en ellas como si nada hubiera pasado. ¿Qué lectura se puede tener de eso?

La Constitución ecuatoriana establece que no podrán ser candidatos quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión, o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado, sobre la base de la presunción de inocencia. Mientras las personas estén siendo procesadas, de acuerdo con la norma vigente, pueden ser candidatos e incluso resultar electos. Este tipo de cuestiones debe hacernos reflexionar sobre la relación entre lo legal y lo ético.

Tenemos candidatos con pasado judicial, grilletes y en investigación por la Justicia. ¿Qué se puede decir sobre este panorama?

En otros países, como en Brasil y recientemente en Perú, existen leyes que prohíben a quienes son condenados por corrupción a acceder cargos públicos. Esto actúa como un filtro. Quizá se deba discutir una reforma constitucional sobre este tema.

Acabamos de aprobar una Ley de Extinción de Dominio y una ley anticorrupción. ¿El problema es que no se aplican las leyes?

En muchos países de América Latina existen baterías de leyes anticorrupción, muy buenas, que lamentablemente no se implementan de forma correcta. Existe una brecha grande entre la legislación vigente y su puesta en práctica.

Hay un sinsabor en los ciudadanos porque la Fiscalía cumple con la investigación de los casos, pero los jueces no ordenan prisión, sino presentarse ante una autoridad una vez a la semana y llevar grillete. ¿Qué se puede esperar de eso?

Al igual que en otros países de la región, la justicia tiene que mostrar su independencia y brindar sentencias firmes. En muchos países latinoamericanos, observamos una desaceleración de procesos judiciales y falta de condenas. Los castigos deben ser proporcionales a los actos cometidos para que realmente haya justicia, pero no podemos perder de vista que la prisión preventiva (aunque muy demandada por los ciudadanos) es una medida de ultima ratio, que no se puede ni debe aplicar en todos los casos.

La Procuraduría también ha ordenado la confiscación de bienes del caso Sobornos del gobierno anterior. Pero la gente cree que esto no es suficiente para que paguen los corruptos.

De acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría a nuestro contacto nacional, de manera efectiva apenas se han recuperado decenas de miles de dólares. Hay bienes embargados y otros identificados, pero mientras la recuperación no sea plena, los ciudadanos seguirán teniendo dudas.

También hay casos de corruptos que están detenidos y salen después de cumplir tres años de cárcel. Luego salen y viven de lo robado, eso indigna a todos. ¿Qué se puede hacer ?

La impunidad es un problema que mancha a toda la región. Es fundamental que haya sentencias firmes y proporcionales a los delitos ejecutados, así como mostrar que los corruptos o poderosos no tienen privilegios.

Otro problema es que el dinero robado no ha sido recuperado. Conocemos que es difícil hacerlo y puede durar años. ¿Pero existen otras alternativas?

América Latina está muy rezagada en lo que respecta a la recuperación de activos por corrupción. Esta es una agenda que no hay que perder de vista en los próximos años.

También se creó una Comisión Internacional Anticorrupción que presentó el informe y una Secretaria Anticorrupción que desapareció. ¿Qué más se puede hacer?

Las medidas a favor de la integridad, la transparencia y la anticorrupción deben responder a políticas públicas, planes y programas, elaborados de la mano de la sociedad civil. Lo que usted menciona son acciones coyunturales, sin el debido sustento que mueren con la misma facilidad con la que nacen. Para luchar efectivamente contra la corrupción, hay que actuar de manera integral.

¿Cómo cambiar la cultura y la ética de la gente para combatir la corrupción?

Es importante que como sociedad dejemos de premiar y votar a los corruptos. Hay que terminar con el famoso “roba, pero hace” y fortalecer el imperio de la ley. Es fundamental mostrar que hacer las cosas bien “paga” y el que las hace mal “las paga”. Las leyes ayudan, pero el cambio de mentalidad lo tenemos que hacer todos.

¿Hay salidas a esto?

Hay luz al final del túnel. El camino es largo, pero si el Estado, sector privado y la ciudadanía se comprometen en cambiar la realidad es posible avanzar en la lucha contra la corrupción. El fortalecimiento de la institucionalidad democrática es clave. Los sistemas de pesos y contrapesos deben funcionar y los órganos de control y justicia deben ser robustos e independientes. También es muy importante que los gobiernos garanticen el ambiente necesario para que la ciudanía participe y se involucre sin temor a las represalias. Los ciudadanos tienen además el poder del voto. No hay que subestimarlo.