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Juicio político contra Pablo Celi en riesgo por error administrativo

Juicio político contra Pablo Celi en riesgo por error administrativo
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04 de agosto de 2021 - 13:29 - Redacción Web

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, no concedió la extensión del plazo para que la Comisión de Fiscalización entregue el informe del proceso de juicio político contra el excontralor Pablo Celi. Sin embargo, Llori dispuso que los miembros del ente legislativo remitan un informe de sus posiciones sobre este caso para que en el Pleno se decida si el juicio continúa o no.

La titular del Parlamento cuestionó la negligencia de la Comisión y del presidente de la misma, Fernando Villavicencio, al no enviar el informe en los plazos establecidos. Según los tiempos establecidos en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, hasta el 31 de julio se podía remitir el documento.

La madrugada del 2 de agosto solicitaron una prórroga para entregar el informe con los avances del proceso, luego de concluir el periodo de pruebas de cargo y descargo. Llori lo negó por estar fuera del marco jurídico.

“La Asamblea asume su responsabilidad política con el país de no dejar en la impunidad el juicio político contra el excontralor”, declaró la presidenta de la Asamblea. La salida legal que plantearon los legisladores es que la Comisión de Fiscalización presente un informe con la postura de cada uno de sus integrantes en la que recomienden si tiene cabida el proceso de juicio político.

La justificación de la Comisión para incurrir en un error que podría causar la nulidad del juicio hacia Celi es que todo se debió a un error administrativo. Villavicencio y la vicepresidenta de la mesa, Ana Belén Cordero, responsabilizaron a la Secretaría de la Comisión.

“Vamos a tomar correctivos”, dijo Cordero. Villavicencio, en cambio, descartó cualquier indicio que lo responsabilizara con lo ocurrido.

Celi es fiscalizado por la Asamblea Nacional luego de que se denunciaran supuestos actos de corrupción durante su estancia al frente de la Contraloría y en los que habría beneficiado a contratistas con Petroecuador.

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