Juez Constitucional de Santo Domingo falla a favor de afectados en caso Furukawa
Una forma contemporánea de esclavitud, así como la violación a varios derechos humanos, entre ellos, los derechos a la vida digna, salud, libertad personal, igualdad material y no discriminación. Eso fue lo que determinó el Juez Constitucional de Santo Domingo, Carlos Vera Cedeño, en el caso contra la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador.
La decisión se conoció tras concluir la audiencia de la Acción de Protección propuesta por 123 personas, hombres y mujeres abacaleras en contra de la empresa en mención y el Estado ecuatoriano, después de tres días en que se recabaron los testimonios, la prueba documental y pericial. El Juez declaró la existencia de ‘servidumbre de la gleba’, reconocida por el Sistema de Naciones Unidas como una forma contempóranea de esclavitud.
Durante la audiencia, el Ministerio de Trabajo reconoció la existencia de indignas condiciones de vida, de intermediación y precarización laboral y de trabajo infantil y señaló haber sancionado a la empresa en el año 2019.
Sin embargo, la posición de los Ministerios de Gobierno y de Inclusión Económica y Social fue que el caso debía tratarse en vías judiciales ordinarias, de carácter laboral o civil. La empresa, por su parte, se encargó de acusar a los trabajadores de ser invasores y determinar que la responsabilidad por su situación, corresponde al Estado.
Según el Comité Furukawa Nunca Más, la decisión del Juez marca un hito para la lucha de los trabajadores, al garantizar la tutela constitucional efectiva de sus derechos humanos para frenar los abusos del poder del sector de la agroexportación y la actuación del Ejecutivo frente a su obligación de garantizar derechos fundamentales, incluyendo los derechos económicos y sociales.
Cerca de cumplirse tres años de este proceso colectivo de organización social, los denunciantes y organizaciones esperan que el Juez Constitucional notifique por escrito con la sentencia y ordene la reparación integral de los derechos humanos de las 123 personas accionantes, que incluya el acceso a tierras, como incluso lo sugirió el Grupo de Expertos sobre Afrodescendientes, en el 2019, durante su visita a Ecuador.
El Juez mencionó algunas de las medidas de reparación, entre ellas: la obligación de la empresa de indemnizar a los accionantes, pedir disculpas públicas en medios nacionales y locales en cuyo texto deben incluirse los nombres de los 123 trabajadores. Además, los Ministerios de Salud, Trabajo e Inclusión Social deberán publicar en sus respectivas páginas web disculpas públicas.
El juez constitucional ha aceptado la acción de protección para las familias víctimas de esclavitud y declara la vulneración de derechos humanos y constitucionales. Se declara culpable al Estado y a #Furukawa Plantaciones C.A. ¡Ganamos!#FurukawaNuncaMas #JusticiaVictimasFurukawa pic.twitter.com/IbtmipziWg
No obstante, se conoció que la decisión será apelada por el Ministerio de Trabajo.
En marzo de 2018 más de cien familias realizaron un plantón colectivo para denunciar su situación frente al Palacio de Carondelet. Desde entonces, las familias presionaron para que se realicen inspecciones en los campamentos.
El 18 de febrero de 2019, el Ministerio de Trabajo suspendió temporalmente las actividades de la empresa; el mismo día la Defensoría del Pueblo hizo público su primer informe que verificó la existencia de servidumbre de la gleba, forma de esclavitud moderna prohibida tanto por convenios internacionales de derechos humanos como por la Constitución ecuatoriana.
En abril de ese año, la Asamblea Nacional acogió mediante resolución dicho informe y dispuso a la Comisión de Derechos Colectivos acciones de fiscalización, para asegurar que el Estado cumpla con las recomendaciones realizadas. No obstante, durante ese tiempo hubo intentos de división, según las organizaciones de defensa de los afectados.
Con el apoyo del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, presentaron en diciembre de 2019 la demanda de acción de protección y luego solicitaron medidas cautelares, para impedir las amenazas de desalojo en los campamentos donde residían.
En 2020 debido al brote de covid-19, las familias abacaleras y el Comité de Solidaridad continuaron el litigio. (I)
