¿Cómo perciben las organizaciones sociales a los candidatos presidenciales del 2021?

Muchas palabras y poca claridad. Eso es lo que resuena en los distintos colectivos.
22 de enero de 2021 00:00

Dieciséis candidatos y candidatas se pelean el puesto más importante en el Palacio de Carondelet, las propuestas por un país mejor van y vienen. Aunque la voz de las organizaciones sociales ha sido tomada en cuenta, aparece el mismo problema de siempre: superficialidad en los ofrecimientos.

Una ambigüedad que según explica Germán Rodas, coordinador de Comisión Nacional Anticorrupción, nace desde las entidades encargadas de regular las elecciones. Para él, este proceso electoral tiene graves falencias: “En el Consejo Nacional Electoral no hay unidad de criterios, han llegado hasta el bochorno de no saber ni que papeletas se imprimen”.

El exceso de candidatos y partidos políticos que se dispersan entre derecha e izquierda, también contribuyen al problema. Fausto Camacho, quien forma parte de “Voces por la democracia”, un colectivo que busca orientar y criticar constructivamente al proceso electoral, indica que este es el resultado de una crisis de institucionalidad democrática. En este contexto, los candidatos no establecen una cercanía con la ciudadanía y por lo tanto no pueden comprender sus necesidades. “Ha sido un proceso carente de certezas, una de las cosas que son necesarias para darle legitimidad a los resultados” menciona Camacho.

Es así como el problema recae en la falta de desarrollo técnico y estructural de las propuestas. Un ejemplo es que mientras Andrés Arauz, alianza UNES, propone muy superficialmente crear un marco jurídico de protección para atender los casos de violencia de género, otros candidatos ni siquiera han incluido el tema en sus agendas, como es el caso de Giovanny Andrade, Unión Ecuatoriana. Para Pilar Rassa, representante de Surkuna, un centro de apoyo y protección de los derechos humanos a las mujeres, la falta de conocimiento con respecto a estas realidades, posturas ambiguas y “discursos disfrazados de progresistas”, representan una amenaza para los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Derechos que según Rassa se encuentran en emergencia, debido a que actualmente 300 mujeres son violentadas y se registra que 2 160 bebés nacen anualmente de niñas menores de 14 años.

Asimismo la negativa total ante la despenalización del aborto de candidatos como Gerson Almeida, Unidos por la Vida, también causa preocupación: “Lastimosamente las propuestas que nos ofrecen los candidatos no son estructurales contra la violencia, ni contra el embarazo adolescente. No se pronuncian claramente sobre la garantía de los derechos sexuales y reproductivos”.

Las organizaciones sociales también hacen observaciones a las propuestas económicas existe una gran variedad. Guillermo Lasso, CREO, ofrece la eliminación de impuestos distorsivos, el potenciamiento del sector agropecuario; Yaku Pérez, Pachakutik, propone transitar hacia la agroecología, impulsar el turismo comunitario; e Isidro Romero, Avanza, quiere aprovechar la minería para diversificar la economía. Pero, ¿cómo lo harán? El problema es que nada está concreto y la preocupación es que todo se quede en un papel.

La Cámara de Comercio de Quito, es una de esas organizaciones que tuvo un acercamiento con el candidato Lasso. Ellos presentaron una serie de reformas estructurales dirigidas al desarrollo de un plan productivo para el país, que aproveche sus ventajas competitivas como es el sector agrícola. Así como también una disminución de los aranceles para abaratar costos de producción y aumentar el consumo en las pequeñas y medianas empresas, que  representan un 80% de los ingresos económicos que tiene el Ecuador.

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara,  dice que estas medidas sanarán a la economía siempre y cuando caigan en las manos correctas, es decir, de acuerdo a las fortalezas políticas que posea el ganador. Para él, Lasso podría ser capaz de manejar la crisis actual: “El perfil de acuerdo a su experiencia administrativa se podría adecuar más a las necesidades de este momento. Hay fortalecer al aparato productivo, generar más consumo, exportaciones y atrayendo más inversión, algo que dudo que sucedería con los otros dos candidatos”.

También son difusas las propuestas de los presidenciables en educación superior. Mientras Pérez, Pachakutik,  y Andrade, Avanza, ofrecen eliminar el examen de acceso a las universidades para garantizar una educación libre para todos y todas; Gustavo Larrea, Democracia Sí, no plantea ninguna propuesta.

Mauricio Chiluisa, presidente de Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), apuesta por el presidenciable de Pachakutik: “El candidato Yaku Pérez ha recogido la propuesta de la FEUE que consiste en implementar una nueva ley de educación superior. Muy pocos son los candidatos que han recogido las propuestas del movimiento estudiantil universitario. Aunque algunas son demagógicas, sin pies ni cabeza, existen excepciones”.

Cada año 133 000 estudiantes no logran entrar a universidades públicas, mientras que 23 000 desertan por falta de recursos económicos o porque no logran identificarse con su carrera, según datos de la Senescyt. Es así como las reformas en la Ley de Educación Superior buscan la democratización de las universidades, un examen de ingreso que no sea elitista ni de carácter punitivo para garantizar el acceso libre y la asignación de un 3% del PIB para su financiamiento.

Chiluisa cuenta esta propuesta fue presentada en el Frente Social y Político conformado por organizaciones sociales como Frente Unitario de Trabajadores, “Mujeres por el cambio”, “Yasunidos” y demás organizaciones sociales. “El único candidato que escuchó y se sentó con una gran parte de las 300 organizaciones fue Yaku Pérez”. Para Chiluisa, solo uno de los 16 candidatos ha escuchado realmente el clamor social mientras que los demás buscan favorecer a los grandes grupos económicos.

Ecuador vive un momento político donde las expectativas por la reactivación económica, mejoras en el sistema educativo y protección de las poblaciones más vulnerables, son enormes. No obstante, las propuestas ambiguas y posturas ambivalentes de los presidenciables con respecto a las necesidades de los ecuatorianos, están a la orden del día. El 7 de febrero culminará este proceso electoral y lo que esperan estas organizaciones sociales es que las promesas no se queden en un eslogan de campaña.

 

 

 

 

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