En Ecuador, durante la década de los 90, el estudio sistemático de “la cuestión urbana” desapareció en la práctica. Salvo contadas excepciones emanadas del trabajo de profesores e investigadores, la sociología y economía urbanas tendieron a ser sustituidas por estudios ‘operativos’ destinados a resolver problemas definidos según las prioridades, entendimientos y preferencias de las administraciones municipales. Y esto en el mejor de los casos, pues las capacidades técnicas de la mayoría de los gobiernos subnacionales ecuatorianos fueron muy precarias.

Entre otras razones, a ese efecto contribuyó el predominio de las distintas variantes del neoliberalismo que propiciaron -en su afán por reducir el tamaño y la incidencia del Estado- un cuestionamiento indiscriminado a la planificación pública, presentándola como una actividad sin mayores consecuencias reales para la vida cotidiana de los pobladores urbanos.

En América Latina, las instituciones multilaterales desempeñaron un papel significativo en este proceso de reducción del entendimiento de la ciudad.

En lugar de facilitar políticas integrales que pudiesen responder al carácter complejo de lo urbano, las instituciones multilaterales favorecieron intervenciones y agendas “sectoriales”. Estas incentivaron a apreciar a las ciudades como lugares para la valorización transnacional de capitales.

La ‘ciudad competitiva’, la ‘ciudad globalizada’ o la ‘ciudad eficiente’ fueron algunos de los términos que resumieron tal intención... un propósito que apareció enmarcado en (y eufemizado por) grandilocuentes declaraciones para la lucha contra la pobreza y, luego, contra el cambio climático.

En este año, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) ofrece la oportunidad para superar legados teórico-políticos y engendrar propuestas de acción colectiva para los próximos 20 años. A ese efecto, en cada país, se deben preparar posiciones nacionales sobre asuntos como cohesión social, equidad, inclusión, seguridad, espacio público, cultura, patrimonio, gobernanza, vivienda social, asentamientos informales, movilidad, servicios básicos y derechos urbanos.

En los últimos años, a través de las distintas iniciativas de coordinación entre instituciones, Ecuador acumuló conocimiento y experiencia sobre las posibilidades y límites de la planificación a diversos niveles de gobierno. Por ello, desde el país anfitrión de Hábitat III, se podría proponer lineamientos de política que permitan transformar a las ciudades y sus economías en territorios para la realización plena de los derechos de más del 54,5% de la población mundial. (O)