Ni bien empezó su gobierno, Durán-Ballén enfrentó las protestas de sectores gremiales y estudiantiles. Lo primero fue un paro de transportistas urbanos, que reclamaban el alza de pasaje, de 80 a 100 sucres; el servicio se suspendió y la ciudadanía debió movilizarse en camionetas.

A su vez, un laudo arbitral le exigió al Estado pagar a la Empresa Eléctrica de Ecuador (Emelec) más de $ 40 millones, además de la aprobación, por parte del anterior Gobierno, de un incremento de sueldos en 60 mil sucres, situación que para las nuevas autoridades no estaba financiado.

EL TELÉGRAFO, 1992. En octubre, las autoridades de Inecel informan sobre el bajo caudal en la central Paute.

Con ese escenario y un Congreso convulsionado por las pugnas entre bloques, el equipo económico del Gobierno renegoció la deuda externa y puso en marcha un vasto plan de modernización y privatización de empresas estatales. La deuda externa estaba en $ 12.271 millones, de los cuales $ 7.274 millones se debían a la banca comercial.

Para cubrir el déficit financiero se adoptó un paquete de medidas económicas; en tal virtud, el 3 de septiembre, en cadena nacional radiotelevisada, se anunciaron las medidas: alza de tarifas telefónicas y eléctricas, flotación de las tasas de interés, ajuste del dólar, creación del impuesto único a empresas.

En cuanto a los combustibles, el diésel se fijó en 1.460 sucres, la gasolina súper en 2.400 sucres, en tanto que el kérex y la gasolina extra no sufrieron variaciones. La energía eléctrica se incrementó del 25% para arriba, según el nivel de consumo.

Para aliviar ese peso, el Gobierno decretó un incremento en la compensación por costo de vida de 20.000 a 30.000 sucres, en tanto el dólar se fijó en 2.000 sucres.

EL TELÉGRAFO, 1994. El Jefe de Estado visita las instalaciones de la refinería estatal de Esmeraldas.

Además, se congelaron los salarios del sector público con ingresos altos y se reemplazó el sistema de minidevaluaciones con una macrodevaluación. El vicepresidente Alberto Dahik llamó a estos ajustes ‘medidas de shock’, necesarias a su criterio, para enfrentar los problemas económicos.

Lo que exacerbó a los ciudadanos fue el incremento del precio del gas (de 1.300 a 3.525 sucres). Las protestas no tardaron: el 8 de septiembre se inició un paro de sectores laborales, por lo que el Gobierno debió derogar el decreto, en la parte relacionada al gas, cuyo precio quedó en 2.900 sucres.

En medio de la agitación social, el Gobierno posesionó en noviembre a Carlos Romoleroux y Germán Peñaherrera, como presidente y director ejecutivo del Consejo Nacional de Modernización (Conam), para impulsar el maltrecho proceso de reorganización de 163 empresas estatales, en las áreas de hidrocarburos, transporte, energía, industria, comercio y telecomunicaciones.

En forma simultánea, Pablo Lucio Paredes, en ese momento secretario nacional del Consejo Nacional de Desarrollo (Conade), anunció un proceso global de privatizaciones, que incluía a las empresas: Ecuatoriana de Aviación; ingenio azucarero Aztra; Cementos Selva Alegre; Empresa de Ferrocarriles del Estado; Emetel; los servicios de salud del IESS, excepto el sector de la jubilación; concesiones privadas en carreteras y nuevos aeropuertos. Además de la eliminación del 90% a 95% de trámites para la inversión extranjera.

El plan incluyó limitaciones al control de la Superintendencia de Compañías, el autofinanciamiento de la educación pública superior, la privatización de servicios, como agua potable, alcantarillado sanitario y recolección de basura.

EL TELÉGRAFO, 1995. Sixto Durán, en el estadio Atahualpa, observa a la selección nacional en partido de eliminatorias.

Según el historiador Miguel Cantos, Durán-Ballén planteó la privatización de áreas estratégicas, en las telecomunicaciones, hidrocarburos y sector eléctrico, pero para hacerlo se requerían reformas a determinadas leyes, como la Laboral, y a la seguridad social. “El fin era crear un andamiaje que pueda sostener este proceso y así fortalecer los capitales e intereses de las transnacionales”.

“Había propuesto un plan para 30 años, pero no duró ni 5 -sostiene Cantos-; con la Ley de Modernización del Estado se dio carta abierta a la privatizacion y la Ley de Instituciones Financieras posibilitó la articulacion del sector financiero privado hacia tendencias monopólicas. Ahí está la génesis de la crisis bancaria de 1999”.

Pero los sectores sociales encendieron las alarmas frente al alcance y la intencionalidad del plan de Dahik. Cantos considera que el gobierno de Durán-Ballén lidió en varios frentes; las manifestaciones callejeras y los paros en demanda de mejoras salariales frenaron el ímpetu político del Gobierno y debilitaron la fuerza del proyecto económico.

En 1993, por ejemplo, los gremios de los médicos paralizaron sus actividades durante todo enero y solo las áreas de emergencia en los hospitales públicos atendieron al público. (I)

El hecho relevante

El largo estiaje llevó al Gobierno a adelantar una hora los relojes; así nació la llamada 'Hora Sixto'

El 13 de octubre de 1992, el país amaneció con una noticia que alarmó a todos. Las autoridades energéticas informaban que el caudal en la represa Paute apenas tenía un nivel 50 metros cúbicos por segundo, cuando lo normal era un promedio de 108 metros cúbicos por segundo. En otras palabras, el nivel del agua era insuficiente para que la central generara la suficiente energía eléctrica a través del Sistema Nacional Interconectado. El anuncio lo hizo el entonces gerente del Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel), Alfredo Mena.

Este problema se originó por el prolongado estiaje del río Paute, originado a su vez por las escasas lluvias en el Austro ecuatoriano. A fines de ese mes, la situación se tornó crítica; las autoridades informaron que la falta de lluvia y el escaso caudal del río obligaba al Gobierno a tomar recaudos en la provisión de energía eléctrica a nivel nacional. No era la primera vez que ocurría algo así, aunque  en 1992 los niveles fueron tan bajos que se instó públicamente a las empresas a ahorrar energía.

El 4 de noviembre llegaron a Guayaquil, desde Estados Unidos, 3 turbinas de Electroquil para cubrir el déficit energético, pero su instalación demoraría 3 meses, en tal virtud, el 9 de noviembre de ese año, el ministro de Energía, Andrés Barreiro, anunció el Plan Nacional de Racionamiento, que incluía cortes del servicio en el alumbrado público para aliviar la crisis.

No obstante, las medidas fueron insuficientes, por lo que se tomó la decisión de adelantar 60 minutos la hora oficial del país, para aprovechar la mayor cantidad de luz solar, a más de cortar el servicio energético por las noches, en las instituciones públicas, fachadas de edificios, plazas, parques y canchas deportivas. El adelanto de la hora comenzó  el 27 de noviembre y alteró las actividades cotidianas de los ecuatorianos, y de las educativas en planteles primarios y secundarios, pues desde entonces, estudiantes y empleados adelantaron sus actividades diarias, mientras durara la emergencia.

Los ciudadanos y la prensa de esa época, en general, comenzaron a llamar a este período como la ‘Hora Sixto’ o ‘sixtina’, situación que se mantuvo hasta el 30 de enero de 1993, fecha en que se recobró la hora habitual. Esto fue posible porque las lluvias reaparecieron en enero y subieron los niveles del agua que alimentaba directamente a la central hidroeléctrica Paute. (I)

El hecho relevante

El desastre de La Josefina cambió todo el panorama del Austro y empeoró la economía nacional

A solo dos meses desde que el Gobierno decretó la finalización de la ‘Hora Sixto’ para enfrentar la crisis energética, una tragedia golpeó a cientos de familias y a la economía nacional.

En efecto, producto de las intensas lluvias en la zona del Austro, parte del cerro El Tamuga, en la provincia de Azuay, se desmoronó y toneladas de lodo y piedras arrasaron con pequeños poblados, sobre todo en el sector conocido como La Josefina. El material pétreo taponó -además- los ríos Jadán y Cuenca, formándose de esa manera un gigantesco y peligroso embalse.

Aquello ocurrió en la noche del 29 de marzo de 1993. Expertos calcularon que más de 50 millones de metros cúbicos de material pétreo se desprendieron del cerro y el agua de los ríos elevó el nivel hasta formar un impresionante espejo que cubrió vastos sectores agrícolas y ganaderos.

Personal militar y del Cuerpo de Bomberos acudió al sitio para constatar la magnitud de los daños; poblados como Challuabamba y Charasol (esta última en Azogues) debieron evacuar ante el peligro de que el agua aumentara el nivel, ya que se había formado un dique que acumuló miles de metros cúbicos de agua en la parte occidental, en tanto que en el sector oriental el nivel del agua era insuficiente para alimentar a la central Paute.

El presidente Durán-Ballén y su equipo ministerial acudieron a los pocos días al sector; luego de constatar la magnitud de los daños, así como la pérdida de cientos de vidas, ordenó las tareas para abrir el dique natural que se había formado. No obstante, los esfuerzos resultaron insuficientes, pese a que la maquinaria enviada al sitio trabajaba las 24 horas para abrir un canal sobre el dique de tierra acumulada.

La situación se agudizó debido a que las lluvias, ausentes hacía pocos meses, se acentuaron rápidamente en esos mismos días.

Las tareas del personal técnico duraron más de un mes, hasta que, finalmente, por detonación de determinadas partes, se logró abrir un boquete para que el agua acumulada recuperara su curso natural. De esa manera, en la madrugada del 1 de mayo de 1993, el agua empezó a desfogar con una fuerza inusitada, que arrasó con todo lo que encontraba a su paso. Se calcula que el caudal de agua en el momento del desfogue superó los 600 metros cúbicos de agua por segundo. (I)