“Firmo hoy, con el puño y letra de nuestro pueblo, un convenio a largo plazo y con esperanza”. Con esas palabras Rodrigo Borja cerró su mensaje al asumir el poder el 10 de agosto de 1988 en el Congreso Nacional, en presencia de 7 jefes de Estado de países amigos y 1.850 invitados, entre ellos el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro; el presidente de Portugal, Mario Soares; y el del Gobierno español, Alfonso Guerra.

Su mensaje -llamado ‘Paz y Unidad’- contenía cuatro propuestas: el desarrollo político, para abrir canales de participación en la toma de decisiones; el restablecimiento de la economía nacional, mediante un programa de emergencia y políticas de empleo intensivo, reglas de juego claras, reducción de la inflación, crédito para producir y democratización del crédito; el rescate de la moral pública, de modo que la palabra del Presidente se revalorice; y la búsqueda de la ‘paz con dignidad’ con Perú, en cuanto al problema territorial.

Borja encontró una situación económica difícil, por la brusca baja del precio del petróleo en el mercado mundial y por el terremoto que ocasionó la suspensión de las exportaciones petroleras durante 5 meses. Afectaron también las políticas neoliberales y de gasto público irresponsable y contradictoria en el último año de gestión de Febres-Cordero.

Además, aunque su antecesor había eliminado con mano dura la actividad guerrillera de Alfaro Vive Carajo, Ecuador se hallaba en una seria crisis de valores políticos, constitucionales y éticos.

En el campo de la política internacional estaban rotas las relaciones diplomáticas con Nicaragua; se habían minimizado las relaciones con América Latina, Europa y otras regiones. Se politizó el servicio exterior y el Ministerio de Defensa Nacional.

Una de las pocas ventajas de Rodrigo Borja para gobernar fue disponer de mayoría parlamentaria (34 diputados de la ID en el Congreso). Y también  alcaldes y prefectos provinciales en 17 de las 21 provincias de Ecuador. Ese gran poder le permitió tener a su favor el Legislativo, la Corte Suprema de Justicia y los organismos de control.

Durante su primer año de mandato, los principales problemas que enfrentó fueron la alta inflación, que llegó al nivel histórico del cien por cien en mayo de 1989, y una creciente deuda externa que alcanzó los $ 11.000 millones.

Para evitar que la situación se agudizara aún más, Borja Cevallos adoptó medidas económicas antipopulares, como el incremento de los precios de los combustibles, factor que agravó más la inflación que, paradójicamente, era el enemigo principal del Gobierno. También recurrió a las minidevaluaciones del sucre para, supuestamente, proteger las exportaciones y el comercio exterior del país.

Acudió así a una política económica gradualista para combatir la inflación, principalmente con herramientas monetarias. Aunque mejoraron determinados indicadores macroeconómicos, la mayoría de la población quedó en pésimas condiciones de vida y el índice inflacionario superó el nivel del 90% anual en mayo de 1989, que solo disminuyó en julio de 1992 al nivel del 51,79%.

Pedro Moncada, dirigente de AVC, oficializa el acuerdo con el Gobierno para dejar las armas, en enero de 1989. Foto: Archivo / El Telégrafo

Sin embargo, los ajustes macro, a la postre, dieron resultados: la reserva monetaria internacional, que en julio de 1988 era menor a $ 320 millones, en mayo de 1992 llegó a $ 455 millones. La economía creció 4,4% en 1991, por la recuperación coyuntural manufacturera y el dinamismo agrícola. Eso permitió realizar pagos de la deuda comercial, aunque no se logró renegociar la deuda externa.

Se expidió la Ley de Régimen Tributario Interno. La flamante Petroecuador (ex Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana) asumió el manejo del oleoducto, operado entonces por la Texaco. Se aprobó la Ley de Reforma Arancelaria, que bajó los tributos para favorecer el comercio y combatir el contrabando. Se aplicaron las leyes de Maquila, Contrato a Tiempo Parcial y Zonas Francas.

Debido al gradualismo y las medidas de ajuste, el Gobierno y su partido (ID) sufrieron un revés electoral en 1990, reduciendo el bloque legislativo de 34 a 14 diputados. Eso obligó a Borja a negociar con la Democracia Popular (DP) un acuerdo que ratificó a Wilfrido Lucero como presidente del Congreso.

El alto costo de la vida, del transporte, la canasta básica inalcanzable, el bajo nivel salarial del trabajador, minaron la capacidad de gestión del régimen, lo que se reflejó en el Congreso, cuando perdió su control. Simultáneamente, trabajadores, amas de casa, estudiantes, indígenas, maestros, entre otras agrupaciones, se volcaron a las calles para demandar correctivos. En ese contexto se produjo el primer levantamiento indígena a nivel nacional, en demanda de un Estado plurinacional, territorios autónomos y derechos para sus comunidades.

El catedrático de la Flacso, Santiago Basabe, recuerda que la administración socialdemócrata de Borja tomó medidas políticas que desbarataron al sindicalismo del país, particularmente con la Ley 108, que cambió las reglas de juego para la conformación de sindicatos y comités de empresa. “Esa decisión -dice el experto- no llamaría la atención si la hubieran tomado los gobiernos de Febres-Cordero o Durán-Ballén, pero la aprobó Rodrigo Borja”.

“A mí me ha correspondido gobernar en medio de una profunda, persistente y aguda crisis económica que ha tenido muy dolorosas proyecciones sociales”. Esta frase lastimera de Borja, en su informe final a la nación, el 10 de agosto de 1992, explica el alcance y las limitaciones reales de su gestión. (I)

El presidente Borja no perdía oportunidad para vestirse de militar, submarinista, piloto, comando y de paracaidista. Foto: Archivo / El Telégrafo

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EL HECHO RELEVANTE

El gran levantamiento indígena de 1990 marcó un antes y un después en la sociedad ecuatoriana

El 4 de junio de 1990 Ecuador fue testigo del primer gran levantamiento indígena, en demanda de mayor atención. Foto: Archivo / El Telégrafo

El 4 de junio de 1990 es una fecha que quedó marcada en la historia democrática ecuatoriana, porque ese día el país entero fue testigo de la más grande movilización indígena del siglo XX.

Si bien desde la Colonia hubo movilizaciones indígenas, todas fueron locales y controladas por el poder constituido. En 1990 se unieron por primera vez: la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (Feine), la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), la Federación Nacional de Asociaciones de Campesinos Libres del Ecuador (Fenacle) y la Confederación Unitaria Nacional de Asociaciones del Seguro Social Campesino.

El reconocimiento del Estado plurinacional; la solución de conflictos de tierras; la legalización de 640.000 hectáreas entregadas entre 1964 y 1988; la atención al problema de distribución del agua; la atención médica en las comunidades y la asignación de fondos para la educación bilingüe figuraron entre sus principales demandas.

Miles de indígenas de centenares de comunidades rompieron y bloquearon las carreteras en las provincias centrales de la Sierra norte, centro, sur y de la Amazonía. Se tomaron haciendas, se movilizaron y llegaron a Quito, donde estuvieron hasta el 6 de junio cuando sus demandas fueron escuchadas. Como paso previo, el 28 de mayo de ese año, un grupo de indígenas se tomó por 7 días la Iglesia de Santo Domingo, de la capital.

En un artículo del historiador y periodista Gonzalo Ortiz, en esos días, secretario del presidente Borja, menciona: “Ese día 4 de junio, él (Borja) me dio el difícil encargo de coordinar la respuesta del Gobierno a los acontecimientos. En cuanto a la sociedad, el impacto fue gigantesco: casi se puede decir que los mestizos ecuatorianos descubrieron con ese levantamiento la existencia de los indios, a quienes por siglos se los había mantenido invisibles, para facilitar la explotación y la discriminación a la que estaban sometidos. Al descubrirlos y ver su capacidad de organización, la sociedad blanco-mestiza reconoció la dignidad de los protagonistas y la justicia de sus reclamos”.

El levantamiento indígena, para el politólogo Mario Ramos, les permitió ponerse a la cabeza de los movimientos sociales y liderar nuevas protestas. (I)

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EL HECHO RELEVANTE

La caída de los precios del crudo derivó en una fuerte reestructuración del sector petrolero

Desde que Ecuador inició su era como un país exportador de petróleo, en los años 70, dispuso de una sustancial e inusitada fuente de recursos para las arcas fiscales. Se fortalecieron las reservas internacionales, la capacidad de compra del país creció y se convirtió en un atractivo sujeto de crédito, dándose inicio a un considerable nivel de endeudamiento externo, a partir de 1976.

A inicios de la década de los 80, el peso petrolero en las exportaciones totales del país representó el 68%, lo que significaba un alto riesgo, por tratarse de ingresos oscilantes, con precios ligados siempre a la coyuntura del vaivén internacional.

Este riesgo se presentó cíclicamente y ante la baja de los precios (por ende los ingresos) los gobiernos adoptaron medidas de ajuste para solucionar el inconveniente presupuestario. El gobierno de Borja no fue la excepción. Recibió su mandato con un barril de petróleo cuyo precio había caído de $ 35,2 (en que llegó en 1980) a $ 12. En el resto de su período tuvo un precio promedio de $ 20, con lo que no pudo cubrir el déficit fiscal ni producir más de los 300.000 barriles diarios de crudo.

Para recuperar la economía, el 26 de septiembre de 1989, Borja reestructuró el sector petrolero, mediante la Ley Especial 45, que suprimió a la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) y creó Petroecuador, con 6 entidades, 3 de ellas transitorias (Petroamazonas, Transecuatoriana de Petróleos y Petropenínsula) y 3 permanentes (Petroproducción, Petroindustrial, Petrocomercial), todas con nuevo modelo de gestión empresarial, acorde con las exigencias del mundo petrolero.

El 1 de octubre de 1989, Petroecuador empezó a operar el Oleoducto Transecuatoriano con técnicos nacionales, en reemplazo de Texaco. El objetivo fue mejorar la administración del recurso petrolero, dar a Petroecuador autonomía económica, operativa y administrativa para cubrir sus costos. Debió pasar el 90% de sus ganancias al fisco e invertir el 10% restante a través de su gestión operativa.

Esta decisión generó oposición de los sindicatos, los que luego fueron desintegrados. El politólogo Mario Ramos dice que la reestructuración petrolera fue una medida neoliberal con 2 objetivos: dividir en filiales al sector estatal, para privatizar las actividades petroleras, y así desmovilizar a los sindicatos. “Su gestión como gobierno, en la parte económica y social, fue mas bien pobre”. (I)