Al fin, y con un retraso de siete años, la Asamblea Nacional aprobó la nueva Ley Orgánica de Cultura. De esta manera se cierra el círculo constituyente. Sin embargo, la aprobación de la ley no ha generado el entusiasmo -ni siquiera el interés- de artistas y gestores culturales. Por el contrario, se muestran escépticos e incrédulos. La ley, efectivamente, reordena la institucionalidad cultural del país; asigna responsabilidades específicas a la mayoría de esas instituciones, cambia la constitución de sus autoridades -directorios, siempre presididos por el ente rector- y modifica su gobernanza.

Se crea el Sistema Nacional de Cultura con sus respectivos subsistemas: de memoria social y patrimonio, de artes e innovación, el Fondo de Fomento, los institutos, y una serie de redes: de museos, de archivos, de bibliotecas, de orquestas, de espacios escénicos y audiovisuales, entre otras. Sin embargo, lo primero que llama la atención de la nueva ley es que no está financiada. Los recursos previstos, el 5% de las utilidades anuales del Banco de Desarrollo de Ecuador y multas que genera la Superintendencia de Comunicación, son insuficientes. Por lo que se continuará dependiendo del Ejecutivo, sobre todo para la provisión de los fondos concursables.

La ley determina a la cultura como sector prioritario de la economía, a la innovación en la cultura como un factor generador de valor agregado y se establecen nuevos ámbitos de fomento e incentivos fiscales y tributarios, lo que permitirá la participación del sector privado.  Se establece la deducibilidad del impuesto a la renta por gastos personales en arte y cultura; incentivos para organización de eventos, patrocinios, auspicios y publicidad; para la promoción internacional -incluye viajes- y reducción de aranceles para importación de bienes e insumos culturales. Y algo importante, esos incentivos no se acogerán a sistema de contratación ni régimen de compras públicas, sino a nuevos sistemas que serán normados en un plazo máximo de 120 días.

En el texto de la nueva ley se destaca el tema del patrimonio cultural; bien estructurado y coherente y con avances significativos que permitirán preservar de mejor manera nuestros patrimonios. Se fortalece al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural asignándole más competencias y aumentando su capacidad de supervisión, control y sanción. Aunque, la Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Tráfico de Bienes Patrimoniales se la traslada a las aduanas, lo cual es un retroceso. La ley también establece un régimen laboral y de seguridad social para los artistas y gestores culturales, un anhelo de años.

Los entes rectores del trabajo y de la seguridad social, considerando las características propias para el ejercicio de las actividades artísticas, deberán establecer la modalidad laboral y de afiliación, en un plazo máximo de 180 días.

Respecto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mantiene su autonomía, pero su gobernanza cambia radicalmente. Se suprime la matriz y la vicepresidencia. Se crea una sede nacional y el Núcleo de Pichincha. Se crean asambleas provinciales y un directorio. La ley da un plazo de 90 días para reestructurar su personal administrativo y técnico y, en ese mismo plazo, deberán elegirse nuevas autoridades. Lo mismo sucede con el Ministerio de Cultura y Patrimonio que como ente rector del sector y generador de política pública -no ejecutor- deberá reestructurarse en 120 días. Varias de las subsecretarías pasarán a los institutos, otras desaparecerán, al igual que las direcciones provinciales.

En sus transitorias, la ley establece un plazo de hasta 180 días para que pueda generarse la nueva normativa para implementar esta ley. Por tanto, corresponde ahora trabajar -ojalá de modo abierto y participativo- en esos reglamentos.  

Este es el nuevo reto para el sector de la cultura. (O)