Ley de Cultura organizará repositorios de la memoria

La Ley Orgánica de Cultura, aprobada por la Asamblea Nacional la semana pasada, tiene como propósito organizar el sector de las artes mediante la creación de la Red Nacional de Cultura, dividida en dos sistemas, uno de los cuales es el de Memoria Social y Patrimonio Cultural, el cual tendrá capacidad regulatoria en cuatro espacios: museos, bibliotecas, archivos y sitios arqueológicos a escala nacional.

La museóloga e investigadora Ivette Celi cree que el articulado reúne observaciones de normativas previas acerca de la memoria y el patrimonio cultural, pero “queda la duda -dice- de cómo se implementará una política pública tomando en cuenta que la ley es apenas un instrumento de la misma”.

En la normativa se incluyen los 14 museos que estaban bajo la administración –hasta el traspaso de bienes que se efectuó– del Banco Central y que contienen colecciones representativas del país y la región. También se integrará la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, que estaba regida por una transitoria –no ejecutada– de traspaso a los repositorios nacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE); y el Archivo Nacional, que tiene su propio régimen (marco legal) de repositorio, al igual que otras entidades similares.

El Instituto de la Memoria Social (IMS) definirá cada proceso especializado y, a través de él, se derogará, por ejemplo, el estatuto de corporación de Ciudad Alfaro, para que pueda transformarse en un repositorio de la memoria.

Celi explica que la relación de la memoria social con el patrimonio puede ser cercana, pero no similar: “Da la impresión de que esta ley es demasiado patrimonialista, por lo que deja sueltos algunos puntos sobre el manejo y administración de los repositorios de memoria que son los que deben investigar, promocionar y gestionar el patrimonio. Lastimosamente la ley se restringe al control, regulación y conservación,  mas no a la difusión, investigación y promoción de la memoria”.

El Museo Nacional (cuyas salas en la CCE están vacías por readecuaciones y aún no tienen legitimidad jurídica), la Biblioteca Nacional y el Archivo Histórico Nacional requieren un importante número de profesionales capacitados en bibliotecología, archivología y museología, según la museóloga consultada por este diario, quien hizo un diagnóstico con los antecedentes del primero: “Hasta antes de su desaparición, el Museo Nacional -cuya readecuación está a cargo de la Subsecretaría de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP), que anunció se reabrirían hasta fin de año- contaba con apenas dos guías y sin personal de apoyo en áreas de museología y museografía, tampoco generaba investigación sobre colecciones ni agendas anuales que respalden la gestión de la memoria”.

Las instalaciones de la Biblioteca Nacional también están vacías y Celi dice que contaba con un presupuesto anual menor a $ 50.000 cuando funcionaban. Esta entidad tenía bajo su responsabilidad el depósito legal de las publicaciones nacionales que, a partir de la publicación de la ley, pasarán, de forma definitiva, a la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit. Esto lo confirmó el asambleísta Raúl Abad, en el pleno de la Asamblea, el pasado 11 de noviembre.

Antes de la Ley de Cultura regía una disposición transitoria que transfería la gestión del patrimonio a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), pero la gestión del inventario patrimonial será manejada por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), que mantendrá sus extensiones zonales.

Estas instituciones tienen alcance nacional, pero, al gestionar valores culturales e históricos, deben respetar convenios internacionales y sus definiciones de patrimonio mundial.

“Las leyes no son una garantía de cumplimiento de la acción estatal -señala Celi-, es importante una voluntad política, recursos suficientes y asesoría técnica especializada para llevar a cabo un proceso coherente, sostenido y que provoque una política que no pueda revertirse a futuro”.

En 2013, la Ley de Reparación a Víctimas de graves violaciones a los derechos humanos dispuso que, en un plazo de 90 días a partir de su aprobación, el MCyP creara un centro de la memoria y los derechos como una política de reparación simbólica. “Hasta hoy -dice la museóloga-, no se ha visto nada de ese proyecto”. Y en el parque El Arbolito, por ejemplo, el Municipio de Quito aún no repone el Monumento a los Desaparecidos que derrocó antes de la realización de la Conferencia Mundial Hábitat III.

La Casa Montalvo, creada en 1989, en Ambato, mantendrá su reglamento, pero se articulará a la Red Nacional de Cultura.

Los repositorios de la memoria son más de 20 museos públicos que conforman esta red, 14 bibliotecas y los 11 archivos. (I)