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Juez dicta prisión preventiva para Walter S., exministro de Transporte y Obras Públicas

La justicia dispuso que se oficie a la Interpol para su ubicación y captura (internacional), y que la Presidencia de la Corte Nacional inicie el proceso de extradicion desde México, lugar donde se encuentra en calidad de “refugiado”.
La justicia dispuso que se oficie a la Interpol para su ubicación y captura (internacional), y que la Presidencia de la Corte Nacional inicie el proceso de extradicion desde México, lugar donde se encuentra en calidad de “refugiado”.
Foto: Archivo MTOP.
12 de abril de 2024 - 22:29 - Mayra Pacheco

El fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, vinculó a seis personas a la investigación por presunto peculado, cometido en el contexto de la reconstrucción de Manabí, luego del terremoto de abril de 2016.

En esta causa se investiga a otras tres personas: Jorge G., presidente del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, y exvicepresidente de la República; Carlos B., exsecretario técnico del Comité; y, Pablo O., exgerente general de la Empresa Pública Ecuador Estratégico.

En la audiencia de formulación de cargos –desarrollada en enero de este año– se dictó prisión preventiva para los dos primeros.

El Juez de la Corte Nacional de Justicia aceptó el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Walter Hipolito S., exministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP). También dispuso que se oficie a la Interpol para su ubicación y captura (internacional), y que la Presidencia de la Corte Nacional inicie el proceso de extradicion desde México, lugar donde se encuentra en calidad de “refugiado”.

El Magistrado ordenó –para los otros procesados presentaciones periódicas (el primer día laborable de cada semana) y la prohibición de salida del país para Boris Sebastián C., exministro de Transporte y Obras Públicas; Franklin José B. y Omar Wilfrido Ch., exsubsecretarios zonales del MTOP; y, Víctor Salvador J., exdirector de Inmobiliar.

Además, para Milton Daniel M., exdirector del Secob –quien se encuentra fuera del país– dispuso, únicamente, la medida de presentación periódica (el primer día laborable de cada mes) en la Corte Nacional de Justicia. En total, nueve personas son procesadas en esta causa.

El Juez ordenó también la retención, inmovilización y congelamiento de las cuentas e inversiones que los procesados mantengan en el sistema financiero nacional, así como la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles, propiedad de los nuevos vinculados.

La instrucción fiscal se extenderá por 30 días más.

Vinculación

El fiscal Wilson Toainga expuso treinta y tres elementos de convicción, que fueron obtenidos durante la investigación previa y la instrucción fiscal, de los que se desprenden indicios de la participación de los hoy vinculados en el delito que se investiga.

Agregó que, tras el terremoto del 16 de abril de 2016 que afectó gravemente a las provincias de Manabí y Esmeraldas, se creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, presidido por Jorge G., y que –para dar seguimiento a las acciones de dicho Comité– se creó la Secretaría Técnica a cargo de Carlos B. También participó en la priorización de los proyectos Pablo O., como gerente general de la Empresa Pública Ecuador Estratégico.

El 20 de mayo de 2016 se promulgó la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto, con la que se recaudaron USD 1.614’348.387,20 (monto por las contribuciones solidarias y 2% de IVA), que debía ser usado para la reconstrucción y reactivación económica de las zonas costeras. Para el efecto, se priorizaron 584 proyectos, ejecutados por Ecuador Estratégico, MTOP, Inmobiliar y Secob, por más de 367 millones de dólares.

Sin embargo, la investigación de Fiscalía determinó que varias de esas obras no tenían relación con el objetivo de la Ley y no se ajustaban al contexto de la emergencia por el terremoto. Además, se presume que esto implicó un abuso de fondos públicos en beneficio de terceros, tanto de personas naturales como jurídicas, que actuaron como contratistas y fiscalizadores de los contratos suscritos.

Los hoy vinculados habrían participado, con sus decisiones, en el inicio de procesos contractuales y solicitudes de asignación de fondos para la ejecución de dichos proyectos, algunos de estos ya conocidos (para la fecha de los hechos), pues habían sido planteados años antes de ocurrido el terremoto. Pese a eso, se les asignaron fondos provenientes de la denominada Ley de Solidaridad.

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