Los negocios no están habilitados para cobrar un cargo adicional en caso de que el consumidor decida pagar con tarjeta de crédito o débito, la ley lo prohíbe.

Además, desde esa Cartera de Estado se garantiza el pago de nuevas derivaciones a prestadores privados.

Según la asociación de proveedores de este servicio, la situación pone en riesgo la conectividad.

El Ejecutivo espera recibir financiamiento por parte de multilaterales por unos $ 2.000 millones. Prevé cumplir con los pagos de capital de bonos externos.