Este barrio de Bolivia, donde se halla la planta de gas y que fue blanco de un operativo en el que murieron 8 civiles el pasado martes, continúa con resguardo militar. Moradores locales buscan con desesperación gas para cocinar.

Las 26 naciones de la OEA pidieron a las autoridades de este país, en donde han recrudecido las protestas tras la renuncia de Evo Morales, que garanticen que quien viola los derechos humanos asuma sus responsabilidades.

Militares y policías están autorizados a usar la fuerza para frenar protestas. Por la muerte de 23 personas organismos internacionales rechazan medida.