El sector inmobiliario cuenta ya con los lineamientos para la construcción de vivienda de interés social, gracias al reglamento expedido por el Gobierno.

En lo referente a las cuatro consultas populares, impulsadas en el anterior gobierno, se asignó un presupuesto de $ 102 millones. La primera se efectuó en 2007 y la última se unificó con los comicios presidenciales de 2017.

Bajo el modelo de alianzas público-privadas serán concesionados 21 corredores viales que representan el 38% de la red estatal. Las delegaciones de obra serán para 9 provincias de la Sierra, 6 de la Costa y 3 de la Amazonía.

En la hoja de ruta se establece que el Instituto de Seguridad Social mantendrá reuniones con el Ministerio de Finanzas, el cual determinará el cronograma.