La indagación en este caso de tráfico de influencias avanza. La fiscal Diana Salazar dijo que hay “una orden de prisión contra familiares del Prefecto”.

La normativa deberá regresar a la Comisión de Desarrollo Económico, donde se analizará el documento. Luego pasará de nuevo al Pleno para el conocimiento de todos los legisladores.

La activista de los derechos humanos y miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción asegura que las irregularidades en la Prefectura de Guayas y hospitales de Guayaquil provienen del Gobierno de Rafael Correa.

El gobierno diseñó un organizado sistema de alerta de cuatro etapas, que incluyó el cierre de negocios y escuelas, y el confinamiento de la población.