El ente de control estableció indicios de responsabilidad penal en el contrato por $ 30’127.700, para la provisión de aparatos oftalmológicos. En el juicio por peculado el fiscal del caso se abstuvo de acusar a los principales procesados.

Un informe de responsabilidad penal de la Contraloría determina un perjuicio al Estado por $ 31,4 millones.

Treinta minutos es el tiempo promedio que tardan técnicos en centros clandestinos para liberar un teléfono móvil que ha sido bloqueado por robo o pérdida.

Es uno de los grandes casos que tendrá que ser investigado por la nueva fiscal general, Diana Salazar. El Gobierno actual y el Consejo de Participación presentaron denuncias en la Fiscalía. La Contraloría también recibió un informe.

Los aspirantes Diana Salazar, Merck Benavides y Javier Bosquez se presentaron ayer en el Consejo de Participación Ciudadana. Ellos son los más opcionados para llegar al organismo.