El expresidente "contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de cooptación de la voluntad de los legisladores...

De comprobarse la responsabilidad, la procesada enfrentará una pena privativa de libertad de uno a trece años, dependiendo de los montos que hayan sido lavados, según el COIP.

La homologación salarial entre la Defensoría Pública y de la Fiscalía General está determinada en la Constitución de la República. Para esto se requiere $ 10 millones.