“Juicio y castigo a represores fue un logro” (Galería)

“Si el pueblo enfrentó una dictadura, con un (nuevo) gobierno que quiera borrar lo que se hizo” en esta última década para terminar con la impunidad “saldremos a la calle”, advirtió Nora Cortiñas, una histórica referente de las Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora,  en el marco de los actos y marchas celebradas a 39 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976.

Cortiñas tiene una mirada crítica sobre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero en un año electoral es consciente de que en esta última década el país austral obtuvo valiosas conquistas en el rescate de la memoria, la justicia y la verdad en torno a los crímenes cometidos durante el régimen militar (1976-83).

“No tenemos victoria sino logros que no nos imaginábamos hace 39 años. Victoria hubiera sido que nos pudiéramos abrazar con nuestros hijos” detenidos-desaparecidos, indicó. Cortiñas forma parte de la línea Fundadora de las Madres, alejada hace años de la Asociación Madres de Plaza de Mayo que lidera Hebe de Bonafini, afín al gobierno.

Sus declaraciones a una radio local se produjeron en coincidencia con numerosas conmemoraciones en todo el territorio por un nuevo aniversario del golpe, feriado nacional en el país austral. El acto principal se celebró en la histórica Plaza de Mayo, bajo la consigna “Juicio y Castigo”, y aglutinó a  las Abuelas y Madres de Plaza de  Mayo, la agrupación HIJOS (de desaparecidos) y distintas fuerzas políticas y sociales afines al ‘kirchnerismo’, así como miles de argentinos que se acercaron  a honrar a las víctimas de la dictadura y seguir exigiendo justicia. A 20 cuadras de allí, frente al Congreso, se reunieron partidos de izquierda opositores y varias entidades de derechos humanos disidentes. Cortiñas participó en ambas marchas.

En diálogo posterior con EL TELÉGRAFO, Cortiñas dijo que “el juicio y castigo” a los represores  “fue un logro importante de estos últimos años” de gobierno de  Néstor y Cristina Kirchner tras décadas de impunidad. La derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida –aprobadas  bajo presión militar durante el gobierno de Raúl Alfonsín- permitió reabrir decenas de juicios, 563 represores están hoy condenados y 889 esperan aún sentencia. El mayor símbolo de  esta lucha fue la muerte en prisión del exdictador Jorge Videla en 2013.

Pero las conmemoraciones se vieron empañadas por una denuncia hecha por el diario oficialista Tiempo Argentino. El periódico halló caminando por Barrio Norte,  uno de los más acomodados de Buenos Aires, al coronel  retirado Jorge Gerónimo Capitán, bajo prisión preventiva por su avanzada edad.

Capitán está procesado por crímenes de lesa humanidad desde diciembre de 2012 y debe cumplir arresto domiciliario preventivo. La justicia le permitió caminar durante 45 minutos diarios, acompañado por su esposa, dando vueltas a la manzana del edificio donde vive por prescripción médica. Pero el diario lo halló en ropa deportiva “caminando en soledad, a más de ocho cuadras de su departamento” en tres ocasiones diferentes: en junio y diciembre del año pasado y el sábado último.

Según la acusación, el represor realizó “un aporte esencial para el funcionamiento del centro de detención La Escuelita” en la provincia de Tucumán, norte del país. Se le adjudican homicidios triplemente agravados, torturas, vejaciones y participación en secuestros durante el terrorismo de Estado.

“Da mucha bronca ver a un genocida caminando por la calle. Y eso se agrava: si esa prisión tiene condiciones, ellos se burlan”, dijo el abogado de entidades defensoras de derechos humanos Pablo Llonto.

Capitán, en una de sus caminatas, fue interpelado por un periodista de Tiempo Argentino: “no me arrepiento de nada, no hice nada malo” durante la dictadura, sostuvo. Para Cortiñas, “aun hay cosas por hacer” para ganar la batalla contra la impunidad.

El país austral celebrará elecciones en octubre próximo para elegir al sucesor/a de Cristina Fernández de Kirchner y algunos candidatos de la oposición han fijado una posición contraria en torno a las políticas de Estado por la verdad, la memoria y la justicia. Uno de los candidatos mejor posicionados, el derechista alcalde de Buenos Aires Mauricio Macri, dijo que “conmigo se acaban los curros (robos) de los derechos humanos” al aludir a labores sociales llevadas adelante por las Madres de Plaza de Mayo con fondos estatales, uno de los cuales terminó en la justicia por presunto desvío de fondos.

Otro candidato, el peronista renovador Sergio Massa, fue más allá: “Yo creo que la Argentina tiene que cerrar la etapa de derechos humanos, pero no podemos dejar de mirar que en el país hubo treinta mil desaparecidos. Me parece que lo que el Gobierno se olvidó es que hay nuevos derechos humanos", aseveró. Daniel Scioli, el candidato “kirchnerista” que no tiene aval del gobierno, fue el único que  respaldó la  política oficial: “el compromiso con la verdad y la justicia no se clausura”, señaló.