Esta será recordada como una Navidad particular para el presidente de Perú, Ollanta Humala. No solo porque es la última que pasa al frente de su cargo como primer mandatario, sino también por una serie de protestas, alentadas por la reciente aprobación del Régimen Laboral para jóvenes de entre 18 y 24 años, que han disparado, una vez más, las críticas a su gestión, generando un rechazo popular del 71% de peruanos, el índice más alto durante su gestión.
Esta incomodidad ha sido plasmada en la calle de una forma contundente, no vista desde los tiempos en que el país sometió a Fujimori al escarnio público. Dos marchas, lideradas la mayoría por colectivos juveniles que agrupan a personas comprendidas entre las edades que señala la ley, que han servido para que el régimen de Ollanta Humala se dé cuenta de que ésta, si es llevada a buen puerto, no será una victoria fácil.
Es que la incomodidad juvenil tiene donde sostenerse. La ley, aprobada por el Ejecutivo el pasado 16 de diciembre, forma parte de una serie de medidas pensadas para la reactivación económica del país, que ha visto mermar su crecimiento por la baja de materias primas en el mercado. Su aplicación se programa para el sector privado en que se contrate jóvenes entre los 18 y 24 años, con educación completa o incompleta de secundaria, superior o técnica.
Según la norma, estos jóvenes tendrán derecho a recibir un salario básico -unos 750 soles mensuales ($ 268, en promedio)-, así como a acceder al sistema de seguridad social del Estado. Sin embargo, los rubros por su Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), Compensación de fin de año, Asignación de carga familiar, y Utilidades generales de la Empresa, que si son contemplados en la Ley General de Trabajo del Perú, no serán de acceso para quienes sean contratados bajo este nuevo régimen.
En Perú, un país con una tasa de desempleo que bordea el 5,7% de habitantes, el apoyo y rechazo a esas características de la nueva ley no se ha hecho esperar.
“La norma muestra claramente cuál es la vocación política y económica del Estado peruano más reciente. Se trata de un empeño por generar las condiciones más amplias para la inversión privada, sin que, como en este caso, importe que se vulneren derechos ganados con sangre en el pasado”, señala Carlos Villacorta, politólogo peruano.
Para él, además, el espíritu de esta norma define el viraje que el gobierno de Humala ha tenido en cuanto a materia económica y social a lo largo de su período. “Este se había vendido como el gobierno de la Gran Transformación. Ahora vemos que en verdad lo fue, pero para peor. No se puede pensar que las empresas, acostumbradas a usar la ley a su favor, vayan a generar inclusión a partir del nuevo Régimen de Trabajo Juvenil, sino que para ellas se presenta como una legalización de la explotación laboral, pues implica tener a todo un grupo humano, por debajo de los derechos básicos de cualquier trabajador en el mundo”, sentenció.
Humala, quien hasta el momento ha hecho oídos sordos a las marchas convocadas como rechazo a la ley, que han sumado a cerca de 50.000 personas en movilización por el centro de la capital peruana, ha preferido defender lo que considera un aporte histórico para la sociedad peruana.
Para él, el objetivo de esta norma no está centrado en los jóvenes que tienen acceso a la educación, sino a quienes, sin poder tener una capacitación adecuada, han sido contratados por las empresas sin ningún tipo de reconocimiento legal a su labor. “Hasta ahora existía un grupo social que no tenía legalizada ninguna forma de integración al mercado laboral, no se trata precisamente de quienes si han podido acceder a universidades o formación técnica, sino de quienes han vivido recibiendo propinas por su trabajo, a ellos es a quienes beneficia la norma”, dijo.
Su defensa, sin embargo, nada a podido frente al remezón político que este paso le ha costado. Esta última semana, luego de que unas 20.000 personas marcharan por las arterias más importantes de Lima, se supo que dentro de su propio gabinete existirán fisuras por quienes están a favor y en contra de sostener la medida. Del mismo modo en el Congreso, donde se aprobó la ley antes de la firma final del Primer Mandatario, los criterios han ido variando, llegando incluso a la formulación de nuevas propuestas que dejen sin efecto la ley y, en su lugar, propongan cambios que la igualen con los beneficios del Régimen General de Trabajo.
El asunto ha servido además para que, a puertas de iniciar un año electoral, varias figuras políticas del medio den a conocer sus puntos de vista. El expresidente Alan García, por ejemplo, ha dicho que la ley es un abuso para el común de los jóvenes, recibiendo respuesta del oficialismo, quien recordó al líder aprista, las normas del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios que permite un despido intempestivo y contratación fragmentada en meses, aprobada en su mandato.