El jefe del gabinete ministerial en Argentina, Jorge Capitanich, afirmó que la Ley de Regulación de Relaciones de Producción y de Consumo favorece a pequeñas y medianas empresas, promueve la inversión y estimula el empleo.

A pesar de la oposición, alineada con la cúpula empresarial, el gobernante Frente para la Victoria logró esta madrugada, por 130 votos a favor, 105 en contra y cinco abstenciones, la actualización de la antigua Ley de Abastecimiento, vigente desde la dictadura cívico-militar (1976-1983).

De acuerdo con la nueva norma, el Gobierno podrá fijar márgenes de utilidad y precios de referencia, así como aplicar sanciones a quienes remarquen injustificadamente los precios, acaparen mercancías o se nieguen a la venta de productos.

El Gobierno impulsa su sanción cuando intenta poner freno a la inflación que acumuló 18,2% entre enero y agosto, según cifras oficiales, y supera el 30% de acuerdo a la oposición, en momentos de caída de la economía, tensiones cambiarias y en medio del conflicto con los fondos especulativos en Nueva York que derivó en un ‘default selectivo’ de la deuda.

Quienes incumplan la ley serán sujetos a multas de hasta 10 millones de pesos ($ 1,18 millones), que deberán pagar antes de apelar, o sufrir clausuras por hasta 90 días o inhabilitación por dos años, para ello se dará intervención a la justicia.

Capitanich estableció que la intervención del Estado se limitará a evitar el abuso de posición dominante y apropiación indebida de excedentes.