La Procuraduría General de México poco a poco ha aclarado el que al parecer fue el destino trágico de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, estado de Guerrero.

En una reconstrucción oficial, basada en  investigaciones y testimonios de testigos, la verdad apunta hacia el cerro Pueblo Viejo, a las afueras de la localidad, donde los agentes federales han encontrado 9 fosas comunes y entregado muestras de ADN a especialistas argentinos que puedan confirmar sus identidades. Se presume que los cuerpos pertenecen a los normalistas, destaca el diario El Espectador.

Las autoridades no tienen dudas de que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, están detrás de los hechos, como engranajes en una alianza con el cartel de los Guerreros Unidos.

Según el procurador general, Jesús Murillo Karam, los roces entre los estudiantes y Abarca eran de tiempo atrás. Los jóvenes lo acusaban de torturar y asesinar a un líder campesino, Arturo Hernández.

En tanto, el gobernador del estado mexicano de Guerrero, Ángel Aguirre, renunció ayer al cargo para “favorecer un clima político” que permita resolver la emergencia.