Existen recursos a los que la prefecta de Pichincha puede acogerse para no ser separada de su cargo. Ella es acusada del delito de rebelión, cuya pena es de 5 a 10 años.

Diez personas murieron al quedar atrapadas en un cuarto incendiado en una clínica clandestina en Guayaquil. En enero, en un caso similar, fallecieron 18.