Con una inversión de $ 300.000, la Defensoría Pública ofrece atención gratuita. Los abogados brindan asesoría y seguimiento a los casos de habitantes de 63 parroquias.

En el centro, que funciona por autogestión en Quito, trabajan 10 personas de planta y 50 voluntarios. Ellos organizan un concurso universitario para recolectar, por donaciones, comida no perecible para los más pobres.