La discapacidad intelectual de la menor, del 61%, hace que su edad mental sea el de una niña de 9 años, de lo que se aprovechó el procesado para abusar de ella durante cuatro meses.

La justicia probó que entregaron aportes en efectivo o a través de cruce de facturas, para el pago de bienes a cambio de contratos de obra pública.

El operativo de detención se ejecutó en una labor coordinada entre la Policía Antinarcóticos y la Fiscalía.

Los magistrados dispusieron además que los miembros de la familia de la víctima reciban asistencia psicológica.