El Ejecutivo objetó el delito comiso sin condena por considerar que es inconstitucional. La figura de la incautación debe ampliarse, es la sugerencia.

En el texto, se indicó que las medidas de limitación y suspensión se aplicarán con respecto a los derechos de libertad de asociación, reunión y libre tránsito, así como las requisiciones necesarias.

La iniciativa del prefecto de Azuay, Yaku Pérez Guartambel, para realizar un referéndum que buscara la prohibición de la minería en Azuay, fue rechazada.