Los decretos 229 y 230 que entregó ayer el presidente Lenín Moreno al CNE se sustentan en el silencio de la Corte Constitucional. Además coincidieron con la fecha de renovación parcial del poder electoral, que no se daría porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no realiza el concurso por lo que no hay quién reemplace a sus miembros.

El mandatario considera que los plazos terminaron para la Corte Constitucional, amparándose en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Para la consejera Ana Marcela Paredes sería ilegal enviar a un delegado del CNE a la convención. Mientras tanto, se descartó una eventual renuncia del titular, Juan Pablo Pozo.

En la cita se conocerá el proyecto de dictamen de la jueza Tatiana Ordeñana sobre temas como la eliminación de la reelección indefinida y el cese de funciones del Consejo de Participación Ciudadana.

Las autoridades anunciaron que se convertirán en jefes de campaña a favor del referéndum. Pidieron celeridad a la respuesta de la Corte Constitucional.

El camino, según el criterio de analistas, es que el Jefe de Estado emita un decreto ejecutivo o esperar a la Corte Constitucional. La última vía tendría tres opciones.